El procurador de justicia del Estado, Fernando Valenzuela dejó en claro que este amparo no llega al cabecilla de la banda, sólo exime de su presunta participación a los familiares, amigos y policías capturados

Luis Ruiz Sandoval Frade
Rumbo Nuevo
Confirma el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Fernando Valenzuela, que por no presentar pruebas contundentes dentro de la integración de la averiguación previa en contra de familiares y detenidos en torno al caso del presunto dirigente de los Zetas, Santos Ramírez Morales (a) Santo Sapo, indicó que cerca de 42 personas quedaron libres, sin tener esta dependencia responsabilidad de este suceso.
En este sentido, el funcionario judicial sin querer calificar al Ministerio Público de la Federación, precisó que se le informó que por falta de pruebas contundentes, estas personas, entre las cuales se encuentran familiares del presunto delincuente, hasta elementos de la policía ministerial, serán dejadas en libertad.
“Se nos informó que se les otorgó un amparo federal con el que podrían quedar en libertad la tarde de este jueves”, reveló.
El procurador explicó que el amparo que podría liberar a los presuntos criminales, fue otorgado por instituciones federales, luego que en enero del 2012 la PGJ de Tabasco, decidió turnar el caso al Ministerio Público federal.
“Esto fue el resultado de una revisión del caso que realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ministerio Público federal, en Junio del 2012, ellos determinaron que el expediente no estaba bien fundamentado, contaba con muchos errores y por eso se determinó que no existían elementos suficientes para consignar a las 42 personas señaladas por asociación delictuosa y procedieron a otorgar el amparo”, detalló.
Pero dejó en claro que este amparo no llega al cabecilla de la banda, sólo exime de su presunta participación delincuencial a los familiares, amigos y policías que fueron capturados junto con “Santo Sapo”, pero no incluye al procesado por delitos contra la salud y asesinatos.
Y ante esta situación, informó que el gobernador Arturo Núñez y la dependencia a su cargo, suscribirán un convenio con la Procuraduría General de la República y en su momento con la Secretaría de Seguridad Pública, “ahí estableceremos nuestro interés por lo que llamamos puesta a disposición, es decir asegurarnos que cuando una persona sea presentada ante un Ministerio Público, sea porque se cuenta con las evidencias necesarias para poder privarlo de su libertad”, apuntó.
Indicó además que “no vamos a buscar culpables o que se trató de acciones premeditadas, sino que hay que tener una estrecha vinculación con todos quienes impartir la ley para estar congruentes con lo que se realiza”.