“La seguridad de los pueblos a mi mando,
es el más sagrado de los deberes”.
José De San Martín

Enrique Muñoz González
cayuco7@hotmail.com
El dos de abril del año pasado la LX legislatura aprobó en polémica sesión, reformas a la Ley de Seguridad Pública de Tabasco para dejar como obligatoriedad del estado se otorgue protección de tiempo completo a quienes hayan sido funcionarios del ámbito de justicia y seguridad con cargo al gobierno, hasta por 6 años. Sin duda, todo un privilegio para unos cuantos.

Esta reforma generó rechazo entre la ciudadanía y diversos sectores productivos, porque la seguridad se debe brindar de manera general a todos los tabasqueños, no a unos cuantos; derivado de esa inconformidad, los entonces candidatos al gobierno estatal de manera unánime manifestaron su desacuerdo, ofreciendo que revisarían la situación para ser derogada.

El lunes pasado escuchamos decir al General Audomaro Martínez Zapata, Secretario de Seguridad Pública en la entidad, revisará la relación de los elementos policiacos comisionados para dar seguridad personal a funcionarios, porque su misión es trabajar para darle seguridad a todos, no nada más a determinadas personas; ojalá informe a quiénes les han dado custodia y cuantos elementos están asignados.

Sin embargo, ayer surgió el tema de la custodia a ex funcionarios por Martínez Zapata, a 23 días del gobierno no se ha abordado el tema en relación a las reformas que se hicieron a los artículos 74 primer párrafo, 75 y 76, y la adición de un segundo párrafo al artículo 74 y el artículo 75 bis, del título Octavo, capítulo Único de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

La reforma en mención autoriza al Estado otorgar seguridad personal mínima de tiempo completo a quienes desempeñan o hayan desempeñado cargos relativos con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, incluyendo a sus familias hasta en segundo grado.

El artículo 75 señala que dicha seguridad se le otorgará al Gobernador del Estado, al Secretario de Gobierno, al Procurador General de Justicia, al Secretario de Seguridad Pública, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Subprocurador de Justicia, y al Director de Averiguaciones Previas, cuando hayan estado al menos un año en el cargo.

En tanto, de acuerdo con la modificación planteada al artículo 74 de dicha normatividad, también gozarán de esta salvaguarda, las familias de dichos funcionarios, sus familias en línea ascendiente hasta el primer grado y descendiente hasta en un segundo grado.

Según la reforma realizada, el plazo de seguridad a proporcionar a estos funcionarios, dependerá de la disponibilidad presupuestal y las circunstancias particulares del caso, aunque no podrá exceder del que el funcionario ejerció el cargo, y podrá ser prorrogado si persiste la causa.

Hoy en día dicha reforma está en vigor, porque Andrés Granier Melo, Rodolfo Campos Montejo y Rafael González Lastra, ya solicitaron la custodia, expresado por el propio, Audomaro Martínez, indicando que asignaron seis elementos para cada uno de ellos, sin revelar cuantos vehículos les otorgaron, ni a cuánto asciende el costo de estas asignaciones.

Si los otros ex funcionarios a quienes la ley señala se les debe brindar custodia lo solicitan, tendrán que hacerlo, por eso es importante los legisladores entren de lleno al asunto, además hay inequidad en la misión del Estado de brindar seguridad a todos los ciudadanos, y genera un impacto a los recursos públicos, destinar personal a ex funcionarios.

No obstante Audomaro Martínez estima conveniente por humanidad se otorgue custodia a los ex funcionarios un año, aunque trascendió la fracción del PRD va a proponer que se revoquen estas modificaciones a la Ley de Seguridad Pública, porque no habrá privilegios para nadie, solamente se debe considerar este apoyo logístico a quienes están en funciones.

La LXI legislatura tiene la palabra con una mayoría integrada por perredistas para que se tome la mejor decisión en este asunto, se trata de evitar excesos y privilegios a quienes ya tuvieron su momento como servidores públicos; la alternancia implica tener una visión diferente en la aplicación de políticas públicas, incluyendo las de seguridad, porque primero es el pueblo.

La Piragua
La diputada local priista María Elena Silván Arellano, presidenta de la Comisión de la Frontera Sur, su asistente la profesora Martha Andrade Alcocer y Patricio Moguel Pérez, coordinador regional de gobierno para la zona de los Ríos y acompañados de otras personas, se reporta que sufrieron aparatoso accidente automovilístico rumbo a El Ceibo en Tenosique.

Los primeros reportes indicaron fue necesario colocarle un collarín en el cuello a la legisladora, y Patricio Moguel tuvo fractura en un brazo, aunque las causas del accidente aun no eran reveladas. Los demás tienen contusiones leves, siendo necesario llevarlos a la clínica de salud comunitaria del lugar para brindarles atención médica.

***Muy activo ha estado en los días recientes el Secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, al haberse reunido ya con seis de los siete dirigentes de partidos políticos en la entidad. Primero fue con Francisco Herrera León; el lunes estuvo con Roberto Romero del Valle; el martes acudió a las oficinas de Jorge Ávalos Ramón, y ayer se reunió de manera conjunta con los líderes de MC, PANAL y PVEM.

Lo que trae en la agenda política, Raúl Ojeda, es la intención de que todos los dirigentes partidistas busquen sus coincidencias para alcanzar el progreso del estado, dejar atrás rencillas y formalizar un Pacto por Tabasco, donde se consideren todas las propuestas que tienen para mejorar las condiciones políticas, sociales y económicas de la entidad. En breve podrían firmarlo.