Jesús Martell Chagoya
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Además de los externos, la economía mexicana enfrenta riesgos internos derivados de su lento crecimiento, que se refleja en un deterioro del capital humano y en los limitados ingresos en las finanzas públicas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que las finanzas del país tendrán grandes retos en los próximos años, como resultado del cambio en la estructura de la población, lo cual implicará un doble desafío. Por una parte, conllevará a que en el corto plazo se deba satisfacer la demanda de empleo, educación, vivienda de la población joven y a partir de 2020 se tienen que atender las necesidades de la población mayor de 65 años, relacionadas con los servicios de salud, pensiones y jubilaciones.

En este último caso el problema ya es acuciante y tenderá a niveles críticos en el futuro si no se le da el tratamiento adecuado. La insuficiencia de fondos de pensiones y jubilaciones es un asunto de prioridad nacional, debido a que, por una parte, vulnera la capacidad financiera del Estado y, por otra, exige cumplir con los derechos de los trabajadores.

En su reporte destacó además que los ingresos petroleros perdieron participación en el total de los ingresos presupuestarios, pero representan una tercera parte, con lo que se manifiesta una fuerte dependencia de estos recursos, situación que es un riesgo para las finanzas públicas, debido a la incertidumbre y volatilidad relacionada con estos ingresos.

Los riesgos inherentes a la crisis económica internacional no se han superado, por lo que en la parte interna se deben fortalecer las finanzas públicas y racionalizar los requerimientos financieros. Esto para permitir que una mayor cantidad de recursos se destine a impulsar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

Entre 2007 y 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) del país avanzó 1.6 % en promedio por año, lo que fue insuficiente para las necesidades de generación de empleo, ya que en el mismo lapso la Población Económicamente Activa aumentó en casi 900 mil y en los siguientes 12 años alcanzará una cifra histórica.

Un factor de riesgo adicional es la deuda pública,  que si bien representó 47.5% del PIB en el 2012, si se incluyen otros pasivos contingentes y laborales, además de la deuda sub-nacional, la cifra se eleva a 77.6%, lo cual excede notablemente los niveles recomendados para los países en desarrollo. Se trata de una situación de alto riesgo, por lo que deben atenderse sus causas estructurales.

Por otra parte, el ingreso masivo de capitales a los mercados financieros en los últimos años es un riesgo latente, debido a que una salida abrupta tendría efectos adversos sobre la economía, en particular en el tipo de cambio y en la estabilidad inflacionaria. En otro rubro, un riesgo para el sistema bancario es el hecho de que algunas instituciones tienen exposiciones elevadas en los créditos que han otorgado a estados y municipios.

Es así porque tres instituciones tienen concentrada en una sola entidad federativa una exposición equivalente a 100 % de su capital, lo que significa una potencial vulnerabilidad al sistema bancario, en el caso de que ocurra una fuerte caída en las participaciones federales