“Quien apelare aún no está condenado”
Ulpiano

Enrique Muñoz González
cayuco7@hotmail.com
Cuando la Contralora Interna del IEPCT,Moraima Romero Herrera presentó el dictamen relacionado con las anomalías en la compra del edificio, lo hizo sin la aprobación del Consejo Electoral, además casualmente ella misma no se aplica sanción alguna, pese a que es de las principales responsables de la fraudulenta compra del edificio. Se quiso curar en salud, aunque su artimaña no va a proceder por estar viciado de origen ese fallo.

Moraima Romero es corrupta y cómplice en este fraude, por eso intentó sorprender a todos con el documento que envío al Congreso local, donde precisa se debe sancionar a todos los consejeros electorales, protegiendo en gran medida al responsable de esta compra, al el ex consejero presidente, Alfonso Castillo Suárez, junto al ex director Administrativo Carlos Iñiguez Rosique y Armando Xavier Maldonado Acosta, en ese entonces Secretario Ejecutivo.

El desprestigio que tiene el IEPCT se debe en gran medida a los ahora ex funcionarios y ex consejero, porque fue cuando ellos estaban en funciones, cuando se compró el edificio a un sobreprecio mayor a los 12 millones de pesos; por lo tanto quienes deben ser inhabilitados, y devolver ese dinero, son Alfonso Castillo, Carlos Iñiguez y Armando Maldonado; para esto es necesario el Congreso les realice juicio político a todas esas personas.

Por esa razón el actual presidente consejero, Rosendo Gómez Piedra, ha presentado una apelación a esta sentencia, a todas luces arbitraria, para dejar a salvo su buen nombre, prestigio y reputación, y se pueda sancionar a los verdaderos responsables del fraude cometido al IEPCT. Moraima Romero tiene mucho que explicar, pues en su dictamen paso por alto varias disposiciones constitucionales por las cualesahora deberá responder.

Por ser un dictamen injusto,Rosendo Gómez Piedra, al igual queAntonio Ponce López yElide Moreno Cáliz, interpusieron el pasado lunes 8 de abril en forma independiente, un recurso de apelación en contra de la resolución de la Contraloría Interna, porque han encontrado, por lo menos 4 agravios en su contra, de los cuales debe responder Moraima Romero, porque su resolutivo es parcial, ajeno a la realidad de los hechos.

De entrada Rosendo Gómez Piedra establece que se violaron sus derechos consagrados en el Artículo16 de la Constitución, por la falta de fundamentación y motivación, incongruente y contradictoria, según se indica en la apelación presentada, esperando que se revise bien el contenido de la sentencia, para no cometer injusticia, sancionando a todos por igual.

En la apelación, Gómez Piedra establece que el dictamen comienza hablando del respeto a la legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia y termina por omitirlo al hacer un estudio generalizado de presuntas infracciones.Por lo tanto, no acredita uno a uno los elementos con sus respectivas pruebas, lo que en derecho se llama tipicidad, grave omisión de Moraima Romero, por la cualdeberá responder.

Agregahay contradicciónen el dictamen, porque por una parte califican de dolosas las tres conductas imputadas y por otra de culposas, lo que es una ambigüedad e incertidumbre jurídica. De tal modo, de proceder la apelación, se regresaría de nuevo el dictamen para que Moraima Romerohaga las correcciones necesarias, y se especifique al detalle los nombres de quienes sí deben ser sancionados, incluida ella misma.

Se dieron violaciones graves al procedimiento por omitir garantía de audiencia como lo establece el artículo 14 Constitucional; aunado a que el artículo 353, fracción III de la Ley Electoral, prescribe que tratándose de conductas tipificadas en las fracciones I, III y VII, del numeral 350 de la citada ley electoral, la Contraloría debe señalar una audiencia para precisar cuál es laresponsabilidad     imputada a los investigados para que puedan defenderse.

Sin embargo, después del informe solicitado, la audiencia no fue señalada; de igual manera no se agotaron todas las diligencias necesarias para hacer comparecer al vendedor del inmueble,Gilberto Galassi Almora, testimonio de capital relevancia para la investigación de los hechos. Por si estos argumentos no fueran suficientes, Gómez Piedra señala otras irregularidades.

Destacaen su apelación, que es inexacta e incorrecta la valoración de las pruebas la cual conlleva a una mala interpretación de los hechos, por lo tanto, es carente de una debida fundamentación y motivación. Además considera hay una indebida individualización en las sanciones que se proponen aplicar, porque a algunos los suspenderán 3 años; a otros, 4 años y unos más, 5 años.

De manera generalizada se repartieron a diestra y siniestra sanciones, sin haber precisado la magnitud de culpabilidad de los presuntos infractores. Teniendo la obligación de hacerlo uno a uno, especificando los elementos contemplados en la ley; generando como toda la resolución, inseguridad jurídica, faltando además a los principios de legalidad y debido proceso.

Por todos estos elementos encontrados, Rosendo Gómez Piedra, en pleno derecho exige se esclarezcan los hechos, los responsables de esta compra que deben ser inhabilitados y devolver el dinero, son quienes han llevado al descredito al IEPCT, Armando Xavier Maldonado, Carlos Iñiguez y Alfonso Castillo, a quienes mediante juicio político se les podrá exigir resarcir el daño causado al organismo electoral.

LA PIRAGUA

El pasado lunes 8 de abril abordamos el tema de la suspensión que hizo el Congreso local a Francisco Rullán Silva, plagado de muchos errores; una semana después un juez ordena la reinstalación del fiscal superior, quedando en entredicho el desempeño de la Junta de Coordinación Política, por aplicar sanciones al margen de la ley. Sin lugar a dudas,RafaelAbner Balboa Sánchez, le está haciendo mucho daño a la imagen del Poder legislativo.

Estas pifias jurídicas las estará aplicando a su favor Francisco Rullán, para demostrar que es objeto de persecución política por el Congreso local, aunado a la demanda interpuesta en la CNDH porque han violado sus derechos; ayer por la tarde el jurídico del Congreso interpuso demanda contra el fiscal en la PGJ. Es una pena que a una persona acusada de delincuente y sinvergüenza, lo estén convirtiendo en mártir por pifias jurídicas.