Juan José Hernández Hernández
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En teoría, el Estado de Derecho se rige por reglas claras, apegado a los dictados de las leyes tanto del fuero común como federal. El Estado de Derecho imparte justicia sin privilegiar a nadie en lo personal ni en atención a los grupos de poder. El Estado de Derecho no vende la justicia al mejor postor ni hace transacciones políticas. El Estado de Derecho castiga a quienes violan las leyes o atentan contra los bienes públicos o privados. El Estado de Derecho no es patente de corso a la élite política.

Sin embargo a la hay que darle otra lectura. En los centros penitenciarios están encerrados, en su mayoría, aquellos que pertenecen a los grupos sociales sin influencias políticas. A ellos se les aplica la ley tal cual. Pero a los delincuentes de cuello blanco se les otorga tratos preferenciales. En los centros penitenciarios existen ciudadanos de primera, secunda, tercera, cuarta y de quinta.

La impartición de justicia se pone en tela de juicio cuando a Rosa Mélida López Villanueva, ex directora de Atención al Pública de la Policía Estatal de Caminos (PEC), después de permanecer un año en el Creset, logra su libertad. Falla la imputación de la Procuraduría General del Estado, tras  acusar a Rosa Mélida por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

A Rosa Mélida se le acusó de haber desviado 1 millón 374 mil pesos por exentar licencias a cientos de ciudadanos cuando estaba al frente del área de Atención Ciudadana de la PEC, durante el sexenio fallido de Andrés Granier Melo. Por cierto hay que destacar que la PEC dependía  de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular en aquellos años lo desempeñó Humberto Domingo Mayans Canabal, hoy flamante coordinador General de la Frontera Sur.

Rosa Mélida es aún amiga de Andrés Granier Melo (recluido en un hospital de la Ciudad de México con todas las comodidades) y su negocio en la PEC estaba en las ganancias de las fotocopiadoras en la dependencia donde ella se ostentaba como directora de Atención Ciudadana de la PEC, con el suficiente poder, incluso por encima del titular de la Policía Estatal de Caminos.

También está libre Esperanza Mayo Martínez, ex cajera de Finanza. También por falta de pruebas logró salir del Creset. Sólo falta que su ex jefe, José Manuel Sáiz Pineda, logre su libertad por falta de sustento debidamente probatorio por parte de la PGJ. Queda todavía recluido Leoncio Lorenzo, ex director de Contabilidad de Finanzas, acusado de ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento en la modalidad de pandilla, robo de vehículo oficial y documentación.

Diversos medios de comunicación han dado a conocer que la Secretaría de Finanzas, durante la entrega-recepción tras ganar la gubernatura la coalición de partidos de izquierda que impulsó a Arturo Núñez Jiménez, detectó un faltante de más de 11 mil millones de pesos. Estos datos están en manos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados del Estado. Los faltantes de detectaron en las cuentas bancarias y convenios, pagos de cuotas, sobre todo en el Fonden, Secretaría de Salud, ISSSTE, ISSET, CFE, SAT y Secretaría de Educación, y otras dependencias, durante la administración de Andrés Granier Melo.

A principio de este año, el procurador Fernando Valenzuela Pernas, dio a conocer a los medios de comunicación haber incautado poco más de 900 bienes y cuentas bancarias de ex funcionarios del gobierno granierista. En este tiempo no dio a conocer los nombres. Dejó entrever que esos bienes podrían servir para resarcir los daños causados al patrimonio público.

El revés contra la sana impartición de justicia, genera desconfianza ciudadana. Y mucho más cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, tiene la estigma de estar involucrado en lías de faldas. Estas adversas acciones de impartición de justicia, dañan la imagen del gobernador Arturo Núñez Jiménez. Y eso que están prófugos Luis Felipe Graham Zapata, Adalberto Vázquez, Migue Ángel Contreras y Alejandro Aparicio. Y no sabemos con certeza si son investigados Héctor López Peralta, Bety Luque, y otros delincuentes de cuello blanco.

El ex senador Humberto Mayans Canabal, ya es coordinador general de la Frontera Sur, fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto y le dio posición el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El trabajo de seguridad nacional es impedir brotes de células guerrilleras que puedan gestarse en la región centroamericana, donde prevalecen muchos males sociales como el fenómeno de inmigración, la pobreza, la marginación, la explotación; asesinatos, plagios y secuestros por parte de la delincuencia organizada. Pero el trasfondo es también político. Se avecinan las elecciones del 2015 y del 2018, y se hace necesario garantizar elecciones tranquilas, sin sobresaltos que perjudiquen a los candidatos de los distintos partidos en la zona sur del país; al mismo tiempo pretende fortalecer los regímenes gobernantes de los Estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche.

Se sabe que el Programa de la Frontera Sur es un acuerdo dictado por el presidente norteamericano Barak Obama, para evitar, de manera humana, lleguen miles de inmigrantes a la Unión Americana; pero también significa resguardar la seguridad nacional de la región centroamericana comprendida por México y Guatemala.

Chorotada Tabasqueña
Pico Madrazo es una vedete “perjumadito” (diría el chontal Auldárico cuando alguna vez criticó a Beto Mayans, aunque después la mezquindad los hizo acercarse, necesitarse…) sin legitimidad. Como buen chilango desconoce la idiosincrasia del pueblo tabasqueño… Arquímedes Oramas Vargas será senador, moverá las aguas priistas de la convulsionada UPCH. Es todo.