Durante los mandatos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta el de Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos (Pemex) se utilizó para comprar la mayoría accionaria o participar en 90 empresas filiales –en territorio nacional y en el extranjero– con severos problemas financieros o en bancarrota. Ninguna de ellas es fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por esa razón se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para que esa instancia revise el estado en que encuentran las filiales de la petrolera.
La propuesta, elaborada por los representantes de PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD, Enrique Ochoa Reza, Jacobo Cheja, Nayeli Fernández y Mónica Almeida, respectivamente, pretende modificar el artículo 58 de la Ley de Pemex, con objeto de otorgarle competencia a la ASF para revisar las actividades de esas empresas.
Durante esos cuatro sexenios, a través de firmas offshore –ubicadas en el extranjero y que realizan operaciones que no están reguladas en México, pues los movimientos que realizan no tienen respaldo de alguna institución para enfrentar obligaciones fiscales–, se adquirieron a precios superiores a su valor filiales como el Astillero Hijos de J. Barreras en España, las empresas Agronitrogenados, Fertinal, multimillonarias pérdidas en la petrolera española Repsol o la cuestionable participación en la refinería Deer Park, en Texas.
Ahora, con la iniciativa turnada a la Comisión de Energía en San Lázaro, se contempla ampliar la competencia de la ASF –dependiente de la Cámara de Diputados– para que, a través del artículo 58 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se fiscalicen las empresas filiales en las que Pemex participe, directa o indirectamente, en más de cincuenta por ciento de su capital social y con independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o extranjera.
Ciudad de México
Agencias