Por Ferdusi Bastar Mérito
La presidenta de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Belle Antoine, acompañada de su equipo directivo, realizó una visita al Senado de la República, y durante este encuentro expresó la preocupación de ese organismo por la independencia y autonomía del Poder Judicial en México, indispensables para el debido respeto a los derechos humanos en el país.
Lamentablemente, todos sabemos que en México, en la realidad, no existe una división de poderes. Seguimos siendo país de un solo hombre, y el vergonzoso sometimiento del legislativo y judicial al ejecutivo, sumado a una aplicación selectiva de la justicia, ha llevado a una pérdida de credibilidad en las Instituciones.
Esta falta de credibilidad se acrecienta con el demoledor informe de la CIDH de que “en México existe una grave crisis de derechos humanos, por la generalizada práctica de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas”, tres de los más abominables execrables delitos cometidos por agentes del Estado, con una espantosa impunidad, y por los que repetidamente México ha sido condenado por los comisionados de la ONU, en estas materias.
El Senador de origen tabasqueño Manuel Bartlett, alertó sobre el acuerdo en ciernes PRI/PAN con la participación del Gobierno Federal, para el próximo nombramiento de los Ministros que sustituirán a Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, señalando que los integrantes de la Corte deben tener un perfil de origen judicial y elevada solvencia moral, y no salir de una cuota partidista ni obedeciendo a intereses del Ejecutivo. Felipe Calderón nombró directamente al penúltimo Ministro integrado a la SCJ y recientemente el Senado aprobó el nombramiento de Eduardo Medina Mora, a pesar de su origen policiaco y con fuertes señalamientos de desconocimiento del derecho y de violaciones a los derechos humanos.
La “independencia y autonomía” del Poder Judicial reclamada por la CIDH no es algo difícil de realizar, pero se requiere de mucho valor, altura de miras y decisión. Tan solo reformando la Constitución para que sean requisitos para ser Magistrado el haber actuado
5 años como Juez, para ser Ministro haber sido 5 años como Magistrado, y que sea el pleno de la Corte el que proponga al Senado, y no el Presidente de la República, los nuevos Ministros y finalmente, que para ser Presidente de la Corte se requiera haber sido Ministro un mínimo de 5 años. Con ello se establecería una auténtica carrera judicial y la independencia de este poder, aunque habría que agregar un realista sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Lamentablemente esto es una utopía. Nadie, ni a nivel federal ni a nivel local, quiere perder poder, ignorando la jerarquía moral y trascendencia histórica que obtendrían.
