JORGE MACARIO
Rumbo Nuevo
A partir de la próxima semana, las indagatorias sobre la fraudulenta compra del edificio de Periférico por parte del consejo estatal electoral del IEPCT, tomarán un nuevo giro con carácter penal, por lo que no se descarta que se interpongan demandas penales contra los implicados, señaló el actual consejero presidente provisional de ese instituto, Rosendo Gómez Piedra.
“Si hubiera alguna acción de tipo penal, la vamos hacer de inmediato con la finalidad de aplicar sanciones contra los que resulten implicados, que no quede duda”, advirtió tajante el consejero electoral.
En entrevista, Gómez Piedra señaló que la decisión de la Contralora general de remitir el asunto a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), es una buena señal de que las cosas tienen que resolverse de manera legal, con la probabilidades de que el dictamen que arroje esa instancia, sea en dos vías, mediante un proceso administrativo que ordene el resarcir el daño patrimonial y otro penal, en el que se tengan que hacer las demandas penales pertinentes contra los que resulten implicados.
Planteó que dentro de las sanciones que hay, desde luego aparecen los procedimientos administrativos, y en este tipo de caso lo primero que interesa es el resarcimiento del daño, aclarando que si hubiera algún procedimiento civil o penal contra los implicados, no dudara en hacerlo de inmediato.
“La única opción, la primera y lo que va a prevalecer en ese asunto, es el derecho, y nosotros, el consejo va a respetar en todo momento la legalidad”, enfatizó.
LOS IMPLICADOS
De acuerdo a las primeras indagatorias, que sobre la compra fraudulenta se hizo el año pasado por parte de la anterior legislatura, y por los peritajes aportados por el Colegio de Ingenieros de Tabasco, entre los implicados de ese fenomenal fraude, aparecen el ex consejero presidente, Alfonso Castillo Suárez, el ahora ex Secretario Ejecutivo, Armando Xavier Maldonado Acosta, los consejeros electorales, Gustavo Rodríguez Castro, Jorge Montaño Ventura y Héctor Aguilar Alvarado, además del ex director administrativo, Carlos Iñiguez Rosique.
La gota que derramó el vaso, fue los resultados del peritaje del edificio, hecho por el Colegio de Ingenieros , que arrojó que el costo real de ese vetusto inmueble era de alrededor de 24 millones de pesos, y no los 32 millones que se pagó por el viejo edificio a los hermanos Galassi Almora.
En ese mar de corruptelas, componendas y transacciones comerciales no muy legales, los consejeros electorales han callado, ocultando la verdad del asunto, tratando de desviar la atención en otros temas y hasta cobijando a quienes en su momento, ostentaron el poder y decidieron que la compra fraudulenta se llevará a cabo.
El giro que a partir del lunes tomen las investigaciones a través de la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, está provocando ansiedad y temor en algunos consejeros, que fueron salpicados por la corrupción institucional y que serán llamados a cuenta, para que digan su verdad.
“Dentro de la ley de probabilidades, pueden darse todas las posibilidades de sancionar a los implicados, pero si hubiera necesidad de hacer alguna demanda penal contra ellos, lo vamos hacer, de eso que no quede duda”, advirtió la semana pasada, el actual pastor de los consejeros electorales, Rosendo Gómez Piedra.