Los desvergonzados

Manuel García Javier
guayabazo@hotmail.com
En un comienzo (1878) el gobierno de Colombia concedió al empresario aventurero francés Lucien Napoleón Bonaparte Wyse la concesión para que construyera un canal interoceánico a través de Panamá, que, por entonces, era una provincia colombiana. Wyse, hijo de una sobrina del emperador Napoleón, vendió la concesión a la empresa francesa Société internationale du Canal interocéanique, dirigida por Ferdinand Marie De Lesseps, el constructor del canal de Suez, debido al fracaso del intento de construir esclusas. En 1894, una segunda empresa francesa, la Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, se hizo cargo de la concesión y reanudó la excavación. Más tarde, vendió sus activos a los Estados Unidos, que finalmente completaron el proyecto. El Canal de Panamá fue concesionado al país del norte desde 1904 hasta 1999 fecha en que lo devolvió a la nación centroamericana.

Este preámbulo nos ilustra que en el mundo entero no ha habido concesiones tan tardías como la registrada en México, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente la concesión del Puerto de Veracruz a la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., por cien años más. Y claro que no podría ser otro el otorgante que el padre de la corrupción en el país, Carlos Salinas de Gortari.

La concesión, única en el mundo, porque ni Porfirio Díaz se atrevió a eso, se otorgó en 1944 por 50 años en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, el gobierno salinista la renovó por cien años más, es decir, del 1 de febrero de 1994 hasta el 2094.

López Obrador se dio cuenta de este desvergonzado hecho, porque se renovaron las firmas, precisamente 4 días después de su triunfo electoral (6 de julio de 2018), mediante la firma del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (ya fallecido) y por la concesionaria el ingeniero Juan Ignacio Fernández Carbajal.

El contrato señala en tres puntos importantes: La empresa administradora aprovechará y explotará los bienes del dominio público de la federación que integran el recinto portuario del puerto de Veracruz; aprovechará y explotará las obras e instalaciones y construirá las obras, terminales marinas e instalaciones portuarias. Ello conforme al artículo 35 fracción 4ª de la Constitución Mexicana.

Como ejemplo de privatizaciones, en 12 meses Salinas entregó 15 bancos, a menos de uno por mes; y además simulaban que había subastas, se lanzaban convocatorias, había licitaciones, se abrían los sobres y salía el ganador, el que quedaba en segundo lugar en una subasta ya sabía que en la próxima convocatoria a él le tocaba.

En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó 8 concesiones a la OHL en México: Circuito Exterior Mexiquense, Autopista Amozoc-Perote, Viaducto Bicentenario, Supervía Poetas, Libramiento elevado de Puebla, Atizapán-Atlacomulco, Autopista Urbana Norte, Aeropuerto Internacional de Toluca.

En 2019, El gobierno revisó posibles anomalías en más de 5,000 concesiones mineras que tienen trámites de cancelación a solicitud de activistas y ambientalistas.

El gobierno de la 4T promete revisar este extraño caso. Primero, ¿por qué a 100 años?; segundo, ¿por qué después de que se llevaron a cabo las elecciones?, ¿y quiénes son los beneficiarios y montos?.

Más corrupción en México
La semana que fenece no solamente tuvo estos sinsabores, pues en las redes sociales se difundió una denuncia que hizo llegar el llamado ‘testigo protegido’ y ex director general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República, mediante la cual involucra al ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Finanzas, Luis Videgaray Caso, respecto a 6 millones de dólares aportados por Marcelo Odebrecht por conducto de Luis Weyll para la campaña presidencial del PRI y su candidato Peña Nieto.

Así también, con pelos y señas habla de montos entregados tanto al PRI como al PAN, y su candidato Ricardo Anaya Cortés, esto último a través del grupo parlamentario encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, a quienes calificó de extorsionadores porque el dinero fue utilizado para que los panistas dieran el sí a la llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto.

El voluminoso expediente de 60 páginas desnuda el contubernio prianista, en el cual Lozoya pide al fiscal general de la República tener por formulada la denuncia en contra de las personas señaladas.

Mucha tela de donde cortar, pero lo cierto es que México está otra vez en boca del exterior como un país de corruptos, dado que esos dineros presuntamente fueron utilizados para comprar conciencias tanto de legisladores para que votaran a favor de las reformas estructurales peñanietistas, como de algunas personas que vendieron su conciencia votando a favor del PRI… Es todo, nos leemos en la próxima.