¿Rodará la cabeza de la ministra Piña?
Manuel García Javier
guayabazo@hotmail.com – guayabazo@gmail.com
Un caso sumamente serio es el de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y todo debido Ejecutivo los innegables enfrentamientos entre los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, que han llegado a su clímax. Por un lado los señores encargados de impartir la justicia la han torcido, bloqueando de manera abierta y descarada las actividades de los señores legisladores y del presidente Andrés Manuel López Obrador en un afán de apoyar al bloque conservador y, por el otro, un estadista que está dispuesto a no dejarse y con justa razón, pues tiene derecho de réplica.

¿Cómo? ¿De qué manera la ministra ha violado la propia justicia que administra?, pues simplemente blindando y empleando a delincuentes en la hasta hoy intocable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para nadie es ajeno que desde el corazón mismo del poder judicial federal se han fraguado los planes más siniestros que conllevan incluso a una eventual caída del gobierno de la 4T. Las leyes y decretos echados abajo son muestra fehaciente de los aviesos planea de un poder empecinado en cortarle la cabeza al presidente mexicano más popular del continente.

La última fechoría se dio el 1 de abril de 2023, precisamente cuando la ministra presidenta de la SCJN, contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal a la señora Sonia Vargas Terrero.

¿Y eso qué tiene que ver? Pues que la susodicha es nada más y nada menos que la ex directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo del hoy convicto Genaro García Luna, detenido el 10 de diciembre de 2019 en Estados Unidos bajo los cargos criminales de: narcotráfico, conspiración y delincuencia organizada. Y obviamente esta persona está bajo investigación por una serie de contratos que involucran a cárteles mexicanos.

El caso es que también la SCJN dio su consentimiento para que se le descongelaran las cuentas bancarias a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, las cuales estaban a resguardo desde el 9 de diciembre de 2019. Ello quedó inscrito bajo el amparo del décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la capital del país.

Y como el señor presidente, cuenta aparte es uno de los más enterados de la situación que se vive en el país, no se iba a quedar con los brazos cruzados ante los ataques en su contra, pues soltó la información, explicando que recientemente la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República recibió la información, con pelos y señas, en la que se dice que la nueva funcionaria judicial firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.

En La Mañanera del pasado viernes, el propio jefe de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas mostró la lista de los servidores públicos que están bajo investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera, además de la firma de la empleada de García Luna en los contratos mencionados que, según se dijo, ampara la cifra de “muchísimo dinero”.

“Tengo que estar más despierto que de costumbre”, afirmó AMLO al señalar que se están blindando a criminales en la Suprema Corte. El caso es que este asunto es tan delicado que puede rodar la cabeza de la ministra Norma Piña al coludirse con señalados criminales al servicio de cárteles. Y para ello ya el titular de la UIF, Pablo Gómez, tiene en sus manos la soga de la que es factible cuelgue la cabeza de la funcionaria en cuestión.

De todos modos, será el propio titular de la UIF quien este lunes de los pormenores de cómo va la investigación al respecto. Y, como bien dijo el presidente López, la señora Piña actúa no con transparencia, sino mostrando su papel de tapadera de la corrupción. La transparencia se da porque ahora la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente, nos ayuda mucho”.

Así pues, lo más razonable para juzgar a la señora ministra sería un referéndum popular para que, una vez cotejadas las carpetas de investigación por parte de la UIF y la PGR, se deponga del cargo jefa y compinches responsables del ilícito. Claro, es lo que el clamor popular pide.

S.O.S. AL CAPI MERINO
Un S.O.S. a tiempo al gobernador Carlos Merino realizan habitantes de la zona conurbada Bosques de Saloya, pues desde diciembre que se autorizaron 11 millones de pesos a una compañía para que realizara el mejoramiento del cárcamo de esa colonia no se han realizado los trabajos.
Este columnista ha pasado a diario por el cárcamo mencionado y ahí están tiradas las bombas nuevas y transformadores. El caso es que van 5 meses y no se ve que haya trabajo en el área. Quizá al “brillantísimo” director de CEAS se le ocurra realizar la obra en junio o julio cuando las lluvias estén en su apogeo y ya no haya remedio en este delicado asunto con la consecuente inundación… El caso es que el cárcamo de esta colonia, que por cierto recibe aguas negras de las colonias aledañas, está desalojando 3 mil 500 litros por segundo, siendo que para evitar futuras inundaciones se deben desalojar 8 mil 500 lps, pero eso está lejano pues tenemos conocimiento que Ceas todavía está realizando los proyectos; es decir, sólo Dios Padre nos puede salvar de otra inundación… ¿Y el titular de la dependencia dónde anda?… Seguramente en campaña… no hay moral con estos funcionarios de mente obtusa. Es todo, nos leemos en la próxima en diario Rumbo Nuevo o en las redes sociales. Sean felices.