Neoliberales saqueadores!!
Manuel García Javier
guayabazo@hotmail.com
En 35 años de neoliberalismo, 6 presidentes del país participaron en el saqueo más descarado de la historia, manipulando, manoseando y parchando a su antojo la Constitución federal para sus intereses personales y de la clase privilegiada, sumiendo en la pobreza a gran parte de la población mexicana.
Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, secuestraron al Estado y pusieron al servicio de la iniciativa privada nacional y extranjera, una política económica que en nada benefició a los que menos tienen.
Este grupo, compuesto en su mayoría por líderes y legisladores priistas, panistas y en los últimos años perredistas, aprobaron 136 reformas constitucionales para concesionar 90 millones de hectáreas que representan el 45 por ciento del territorio nacional y que, ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada.
Un análisis dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, rebela que los gobiernos neoliberales avalaron la venta de importantes empresas públicas al sector privado, reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, modificaron el 27 para poner a la venta las tierras ejidales, cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre; eliminaron los límites de la superficie para autorizar concesiones hasta de 200 mil hectáreas.
Asimismo, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Entregaron seis millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país: Peñoles, Grupo México y Carso; aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, permitió a empresas privadas y extranjeras, generar energía eléctrica.
Con Salinas.- (Claudio X González (padre) era su asesor económico y Zedillo en la SEP), priistas y panistas aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si la educación media superior y universitaria fueran una mercancía. Desde entonces 300 mil jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior.
Con Zedillo.- Aumentó el IVA del 10 al 15 por ciento, impuesto que Calderón y Peña también aumentaron al 16 por ciento, incrementando también el Impuesto Sobre la Renta del 28 al 30 por ciento y autorizaron aumentos mensuales a gasolinas, diésel, gas y electricidad.
Pero, la peor calamidad… Con Zedillo se dio el más importante saqueo a la nación: Diputados del PRI y PAN aprobaron el Fobaproa —12 de diciembre de 1998— que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. Hasta el 31 de diciembre del 2018 esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional.
Con Fox.- Se reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el cien por ciento de sus contribuciones. Aprobaron la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. Modificaron la ley del Issste y entregaron las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de banqueros, al igual que un paquete fiscal, que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única, y el impuesto del dos por ciento por depósito en efectivo, que más tarde aumentaron al tres por ciento.
El grupo en cuestión, reformó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras; se aprobó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Afores), los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras.
Aprobaron la ley de Pemex para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Aprobaron la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas, particulares nacionales y extranjeras, y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Se hicieron cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático, se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales, entre otras muchas acciones más.
De todo ello, existe la posibilidad de legislar una nueva Carta Magna que tenga el sentimiento de la verdadera Constitución de 1917 que es atender los verdaderos problemas de la población marginada. Es todo, léenos en diario Rumbo Nuevo y síguenos en: Facebook y Twitter @GuayabazoGarcia. Sean felices.
