La fiscalía de Guatemala acusa al ministro Iván Velázquez de solapar algunas acciones ilegales sobre funcionarios del caso; ha generado un conflicto diplomático con Colombia.
La Fiscalía de Guatemala busca llevar ante la justicia al actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, tras acusarlo de supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de una misión antimafias de las Naciones Unidas, mismo que ha generado un conflicto diplomático entre Bogotá y el país centroamericano.
Velásquez es señalado de presuntamente avalar de forma irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. Él y la exfiscal general Thelma Aldana otorgaron en 2017 el «visto bueno» para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación del caso que ha sacudido a varios países de América Latina.
La FECI «emprenderá las acciones legales correspondientes» para que Velásquez y otros involucrados en el caso «respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos», al considerar que la negociación causó «un grave detrimento al Estado de Guatemala», afirmó, recalcando que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando» con la firma brasileña.
Velázquez dirigío desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo adscrito a la ONU que, junto al Ministerio Público, revelaron varios escándalos de corrupción. Entre ellos, la estructura de defraudación en aduanas del expresidente Otto Pérez Molina, mismo que fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado. Níega las acusaciones.
«Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como Ministro de Defensa Nacional», puntualizó.
El anuncio se suma a varias detenciones contra exfuncionarios de la CICIG y exfiscales de la FECI, la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la incluyó en 2021 en su listado de personalidades «corruptas y antidemocráticas», donde también está incluído en el listado actual fiscal especial, sancionado un año después por Washington.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó al su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, asegurando que las personas cuerdas «no llevamos a las sociedades al matadero».
«Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar del estado a las mafias. Los cuerdos no llevamos a las sociedades al matadero», afirmó Petro en su cuenta de Twitter.
El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, descartó que las relaciones diplomáticas con Guatemala estén en riesgo por el conflcito diplomático, pero que calificó las acusaciones contra Velázquez como «ridículas».
«Lo que está sucediendo es absolutamente ridículo», valoró Leyva, aclarando que este asunto no es cosa del Gobierno de Guatemala, sino de «un fiscal que está siendo investigado por Estados Unidos por obstruir investigaciones sobre corrupción».