Gobernabilidad de ANJ
Introduzco una definición elemental, pero creo que útil, de gobernabilidad, entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz. Antonio Camou / Los desafíos de la gobernabilidad. Erwin Macario César Raúl Ojeda Zubieta —tres veces candidato a […]
1 de diciembre de 2014

Introduzco una definición elemental,
pero creo que útil, de gobernabilidad,
entendida como un estado de equilibrio
dinámico entre el nivel de las demandas
sociales y la capacidad del sistema
político para responderlas de manera
legítima y eficaz. Antonio Camou /
Los desafíos de la gobernabilidad.

Erwin Macario

César Raúl Ojeda Zubieta —tres veces candidato a gobernador, actual secretario de Gobierno— explicó bien, muy bien, el desafió, el problema y las respuestas del gobierno de Arturo Núñez ante la gobernabilidad y la gobernanza en Tabasco.

Pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Y su discurso, al participar este viernes (28) en la mesa sobre “Gobernabilidad responsable”, en el marco de la Conferencia Internacional sobre Ética Global, auspiciada por la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones de la UNESCO,  no fue terso al analizar el pasado reciente:

“La política en Tabasco se ajustó a un modelo de acción gubernamental sostenida en la cooptación social y el clientelismo político”; “se acalló a la crítica y se tergiversó a la opinión pública, con el objeto de mantener una artificial percepción ciudadana de popularidad y eficacia”; “ (se) agotó la capacidad fiscal del gobierno en el mantenimiento de privilegios y el reparto arbitrario del presupuesto a favor de intereses de grupo,  sin pensar en la sustentabilidad del gasto público y dejando de lado las prioridades de una política social responsable; “ese modelo de gestión colapsó el funcionamiento gubernamental y puso en riesgo la provisión de servicios públicos esenciales para la población”…

En Tabasco, ahora,  lo dijo César Raúl Ojeda, como responsable directo de la política interna del gobierno nuñista, “estamos empeñados en que la gobernabilidad política del estado se afiance en una gestión sostenible del presupuesto, atendiendo las demandas básicas de la sociedad, y en una conducción política sostenida en la corresponsabilidad democrática, para que todos los actores políticos y sociales locales concurran positivamente al desarrollo del estado”.

A casi dos años de que Arturo Núñez y su equipo de gobierno buscan corregir los malos frutos que causaron en el gobierno, como lo dice Norberto Bobbio, “la inhabilidad para satisfacer la demanda”, el secretario de Gobierno explicó que  “Concebimos al  método democrático como la mejor garantía para la gobernabilidad, ya que a pesar de que podamos tener visiones distintas o contrapuestas, a final, luego de un diálogo razonado, todos los actores políticos somos capaces de pactar e instrumentar las políticas más convenientes para el interés superior de Tabasco”. Democracia participativa, pues.

Y advirtió: “sino privilegiáramos el ejercicio del diálogo y el consenso, podríamos caer en el riesgo de un debilitamiento de la gobernabilidad”.

“A veces nos encontramos de manera común ciertas expresiones por parte de grupos conservadores, que piensan que a mayor democracia existe un mayor riesgo de ingobernabilidad y, por ello, ‘aconsejan’ acotar las libertades para mantener intocable a la razón de Estado, aunque ello se haga pasando por encima de los derechos de los gobernados”, denunció el funcionario perredista, el primer secretario de Gobierno de un partido que necesita mostrar un gobierno de congruencia en el que la gobernabilidad no se entienda como el ejercicio del poder tranquilo, la función de gobernar sin problemas políticos o manifestaciones sociales contrarias, sino como el acto supremo de servir al pueblo con eficacia, eficiencia, legitimidad y respaldo social.

Sobre mantener la gobernanza por encima de las libertades y los derechos del pueblo para evitar riesgos de ingobernabilidad, Ojeda Zubieta fue claro: “En Tabasco no aceptamos esta falsa premisa, porque el gobernador Arturo Núñez Jiménez, cuya vocación republicana y democrática ha probado en su extensa hoja de servicio, ha señalado en distintos foros su compromiso con la democracia participativa, con aquella que tiene como actores protagónicos a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, sin distinciones de ningún tipo”.

Como bien explican los tratadistas del tema de gobernabilidad que distinguen entre la  concepción clásica de democracia representativa y la democracia participativa que buscan los gobiernos responsables, César Raúl Ojeda afirmó que “esta administración afirma que el ejercicio eficaz, eficiente y legítimo del poder público debe sostenerse en una gestión de responsabilidades compartidas, en la que los ciudadanos, las organizaciones y los partidos políticos, asuman sus obligaciones y promuevan sus derechos, anteponiendo el bienestar colectivo y dejando de lado la defensa de privilegios y los intereses de grupo”.

Ponderó CROZ los trabajos del Acuerdo Político por Tabasco al admitir que la responsabilidad de mantener condiciones idóneas de gobernabilidad no es asunto que recae de forma exclusiva en el gobierno, pues ésta tiene que ser el resultado de la interacción amplia y permanente entre el gobierno y oposición, los partidos políticos y las organizaciones sociales, que han de comprometerse de forma conjunta para mantener un nivel aceptable de gobernabilidad y dijo, como los clásicos del tema que: “En esta administración le apostamos a suscribir un Acuerdo Político por Tabasco y desde el inicio del período constitucional hemos privilegiado el diálogo político, respetuoso y constructivo, con todas las partes de la sociedad vista como un todo, sin dejar de reconocer su heterogeneidad y sus diferencias, que no solo respetamos, sino que atendemos y entendemos.

Realmente como los clásicos, dijo: “Queremos ejercer una gobernabilidad basada en un equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas políticas y la capacidad del sistema político para atenderlas de manera eficaz y legítima”. Y con respaldo social.

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