El desaparecido Seguro Popular concluyó con deficiencias en su operación, entre las más relevantes la del Fideicomiso Contra Gastos Catastróficos no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.
Los datos se refieren a 2018 y, en la presentación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2019 entregado ayer a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las debilidades halladas en el control interno de la extinta Comisión Nacional de Protección en Salud, hoy Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) continúan.
“No se proporcionó evidencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del estatuto orgánico ni de los avances de la estructura orgánica, de los manuales de organización y procedimientos del Insabi.”
Agregó que las reglas de operación del que a partir de 2019 es el Fondo de Salud para el Bienestar se encontraban en proceso, hasta agosto, de obtener la opinión por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del fondo, no obstante, de que concluyó el plazo establecido.
Entre las irregularidades que se heredaron del Seguro Popular, la ASF señaló: No se contó con evidencia de la aceptación y comprensión del Código de Conducta de la comisión y tampoco se consideran los riesgos en la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (hoy Fondo de Salud para el Bienestar). De manera específica, no se proporcionó evidencia de la pla-neación estratégica y de la matriz de riesgos en el registro, validación, autorización y seguimiento del trámite de pago de las intervenciones financiadas.
Ciudad de México
Agencias