No lo dijo, pero si lo dijo

Florentino J. García Alcudia
florentino_alcudia69@hotmail.com
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe ponerse “punto final” al caso del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, por las presuntas irregularidades de aproximadamente 700 millones de pesos durante su administración.

La cuenta pública 2018, último año del sexenio del exmandatario perredista, se encuentra en antesala de ser calificada por el Congreso local, y en la “mañanera” de ayer viernes se le preguntó a López Obrador su postura al respecto.

Respondió que desde que asumió la Presidencia de la República, en diciembre pasado, dejó en claro que la venganza no es su fuerte y que lo que se tenía que procurar era acabar y no permitir más la corrupción, a partir de su gobierno.

“Yo en este caso considero que lo más importante es poner un punto final a todo este periodo desastroso de política neoliberal, porque a lo mejor no alcanzarían las cárceles, juzgados, y no nos ayudaría a regenerar la vida pública”.

Añadió: “Creo que sí sería circo, espectáculo, pero en vez de avanzar hasta podríamos quedarnos anclados, empantanados. Yo quiero ver hacia adelante”.

Y esto aplica, dijo, ante el gobernador Adán Augusto López, “para los que se fueron, no para nosotros”.

Luego anunció que insistirá en su planteamiento ante los legisladores para que se quiten los fueros y el presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

No obstante, mencionó que si existen denuncias en curso tienen que desahogarse, pero su gobierno –abundó– no promoverá acciones penales.

“Si hay denuncias presentadas tienen que seguir su curso, porque tampoco somos tapadera”, soltó.

“Esto corresponde al ámbito estatal, (pero) en la política federal nosotros no estamos iniciando ninguna investigación”, precisó, y resaltó que ya basta de estar simulando y engañando a la gente, “castigando nada más a chivos expiatorios”.

Sin embargo, el pasado martes 6 de agosto, el gobernador Adán Augusto López Hernández confirmó que se investigaban presuntas irregularidades en el gobierno perredista de Arturo Núñez, entre ellas más de 200 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sector Salud.

Además, otros 400 millones de pesos producto de la venta de un terreno del gobierno del estado en la zona de Tabasco 2000 de esta capital, y 125 millones más de un remanente de un préstamo que por 700 millones solicitó Núñez en 2017 para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del estado (FGE).

La denuncia la hay. Las
pruebas están. El pueblo lo pide.
Y por ello, tampoco tiene ningún desperdicio lo publicado en sus redes sociales Arturo Abreu titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco, la primera unidad de inteligencia financiera creada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalla tras seis meses de su nombramiento, que “…el que haya sido Tabasco la primer entidad en sumarse al combate frontal al combate al lavado de dinero, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita de la delincuencia, a la corrupción, e impunidad, no fue fortuito u obra de la casualidad, Tabasco está llamado a ser eje central y modelo a seguir en esta Cuarta Transformación de México, y estamos trabajando sin descanso para cumplir con la encomienda asumida.

La voluntad política y el compromiso del gobernador por un mejor Tabasco fue esencial para que hoy contemos con una Unidad de Inteligencia Financiera con autonomía técnica y operativa, con un equipo humano de primera, así como con las herramientas tecnológicas para combatir eficazmente en sus estructuras financieras a la delincuencia de cuello blanco…”

En su desplegado agradece la total disposición y acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo del Dr Santiago Nieto, para llevar a cabo intercambio de información e investigaciones que nos permitirán sentar un precedente en esta noble tierra, en Tabasco habrá un antes y un después, pueden estar seguros de ello, nadie volverá a utilizar los recursos públicos como patrimonio personal, esa es la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador de Tabasco, compromiso que asumí con total y plena disposición hace 180 días.

De igual manera agradeció al Gobernador de Tabasco, al Tribunal Superior de Justicia, a los Diputados de la LXIII Legislatura, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de la Función Pública, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana del estado de Tabasco, su invaluable apoyo para con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco.

Reconoció que no ha sido fácil acostumbrarse a un ritmo de trabajo donde lo prioritario y lo urgente era para ayer.

Tabasco tiene prisa, no le podemos fallar, no le vamos a fallar a Tabasco, afirma.

Tabasco está llamado a ser ejemplo nacional, para el Gobernador del Estado y para quienes trabajamos en la UIPE Tabasco nos queda muy claro.

Dirían por ahí “la hicotea aun tiene sangre”. Habrá que ver las investigaciones de la UIPE en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Tal vez por lo vivido en 2013 en donde Arturo Núñez en seis meses metió al a cárcel al ex gobernador y su compadre Andrés Granier Melo, y sin prueba suficientes, lo mantuvo en prisión por casi seis años.

Aquí la cosa parece será lenta. Pero segura. Muchos lo esperamos, muchos tabasqueños, quieren que se haga justicia.