La alcaldesa poco o nada ha podido hacer para ocultar las diversas irregularidades de su administración, que heredará a Jorge Armando Gómez, quien no está dispuesto a pagar los platos rotos

Luis Enrique Martínez
Rumbo Nuevo

Con Elda María Llergo Asmitia al frente del ayuntamiento de Teapa, la Sultana de la Sierra se convirtió en infierno priista. La prueba es Jorge Armando Gómez Cano, quien ganó la sucesión el 7 de junio como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), después de una veintena de años de militar en las filas del PRI.
Fue el pago al desgobierno de la heredera del apellido Llergo en ese municipio, donde el bipartidismo de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática predominaba hasta que apareció el desencanto ciudadano que favoreció a una organización política prácticamente sin estructura ni cuadros partidistas en la región.
En el primer año de gobierno, la presidenta municipal había librado inexplicablemente la investigación a fondo del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), según declaró, en su oportunidad, el diputado Francisco Castillo Ramírez, quien, ahora, es el virtual dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
No obstante, la fiscalía desconcentrada del Poder Legislativo hizo observaciones a la Cuenta Pública 2013 del ayuntamiento de Teapa por 4 millones 53 mil 991. 64 pesos. Pero un año después, en la revisión del ejercicio fiscal 2014, las observaciones se incrementaron a 18 millones 946 mil 674. 16 pesos.
No hace mucho una manifestación de policías confirmó a la ciudadanía teapaneca que la administración municipal no es como la pinta la alcaldesa, y el reducido número de allegados, incondicionales. Esa protesta del personal de seguridad se fundamenta en la descomposición administrativa, financiera y presupuestal que el OSF documentó y entregó a la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso estatal.
El documento denominado Informe de Resultados de la Evaluación del Gasto Público Municipal, que tiene carácter provisional según asienta la copia en poder del reportero, identifica las observaciones documentales, presupuestales y financieras, así como del gasto corriente o de “control interno”, al que se destina más de 190 millones de una cantidad superior a los 230 millones de pesos del ejercicio fiscal 2014.
La herencia de la priista a su otrora correligionario ahora insuflado en las filas del Partido Verde no sólo será de laudos laborales. En la entrega recepción constitucional, aparecerá las anomalías del control interno:
Falta de información en las planillas de personal; falta de documentación complementaria del gasto; comprobación de gasto fuera de norma; saldos con naturaleza contraria sin depurar; inconsistencias en las cifras que presenta la Hacienda Pública y Resultado del Ejercicio; falta de procedimiento de control de inventario físico y contable para el área de Almacén de Artículos y Materiales; incumplimiento en la obligación de publicar en el Órgano Oficial de Difusión del Gobierno del Estado y en su página de internet difusión de los informes trimestrales del Fondo III y IV; inconsistencias en las cifras que presentan los estados financieros, presupuestal e informe de autoevaluación, y…
Como lo hizo en 2014, la administración municipal solventó en 2015 el 91. 86 por ciento de observaciones. Ante tan inexplicable aplicación, de nuevo le surge la duda al diputado con licencia: “¿Cómo le hizo?”