El suicidio de los verdugos argentinos
El ex mayor del Ejército iba a ser trasladado de Buenos Aires a la ciudad de Córdoba. Allí debía rendir cuentas por los crímenes perpetrados en el campo de la muerte ‘La Perla’. Buenos Aires Agencias El militar retirado Aldo Carlos Cecchi, de 67 años, no soportaba la idea de sentarse en el banquillo de […]
5 de diciembre de 2012

El ex mayor del Ejército iba a ser trasladado de Buenos Aires a la ciudad de Córdoba. Allí debía rendir cuentas por los crímenes perpetrados en el campo de la muerte ‘La Perla’.

Buenos Aires
Agencias
El militar retirado Aldo Carlos Cecchi, de 67 años, no soportaba la idea de sentarse en el banquillo de los acusados y por eso se ha quitado la vida de un pistoletazo en la cabeza. El ex mayor del Ejército iba a ser trasladado de Buenos Aires a la ciudad de Córdoba (centro). Allí debía rendir cuentas por los crímenes perpetrados en el campo de la muerte ‘La Perla’.
Por el infierno de ‘La Perla’, llamado ‘el Auschwitz cordobés’, pasaron en camino a la muerte violenta al menos 2.000 guerrilleros y prisioneros políticos de la dictadura argentina (1976-1983).
El represor suicida dejó escrita una carta en la que habría explicitado que no soportaría afrontar el juicio oral y público de ‘La Perla’, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.
De todos modos, el tribunal oral federal 1 comenzó AYER martes el juicio en Córdoba con 45 acusados sentados en el banquillo, ya sin Cecchi que se convirtió en el sexto represor que ha optado por quitarse de en medio.
En el juicio por los crímenes perpetrados en ‘La Perla’ se ventilarán 417 casos de torturas, homicidios y desapariciones. Se prevé que desfilen 983 testigos y el proceso duraría dos años.
Entre los principales imputados figuran el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que ya acumula seis condenas a cadena perpetua, y los ex oficiales Ernesto Guillermo Barreiro y Julio Vergez.
Antes de Cecchi, en Argentina ya se marcharon por esa vía de escape otros cinco ex uniformados acusados de la ‘guerra sucia’. Miguel Ángel Junco, 64 años, apodado ‘Ratón’, que se arrojó a las vías del tren justo antes del paso de un convoy.
El caso más sonado ha sido el del prefecto Héctor Febres, que ingirió cianuro dentro de la celda, en 2007, sólo 48 horas antes de que lo condenaran por torturador.
El teniente coronel Paul Navone se disparó en la sien un día antes de declarar en el juzgado por el robo de mellizos en 1978 a una prisionera política, que dio a luz en cautiverio y sigue desaparecida. Navone escribió una carta a sus familiares agradeciendo por «los momentos vividos» y aclaró que se trataba de «una decisión personal».
También el capitán Alfredo Marcó fue encontrado muerto. Se disparó un tiro en la sien con un revólver del calibre 38 en su casa de la ciudad de La Rioja. Era sospechoso de haber intervenido en el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976. Según varios sobrevivientes del campo de concentración, el militar adelantó a los reclusos que en breve Angelelli iba a aparecer muerto en un falso accidente de tráfico.
El policía retirado Segundo Wenceslao Garro, que actuó en el Departamento de Informaciones D2 de la policía de la provincia de San Luis y fue sindicado como torturador, se marchó de su casa, en 2009, hacia una zona rural y a un lado de la carretera, colocó su pistolón de caza en el corazón y apretó el gatillo. Su cadáver fue encontrado varios días más tarde.
En 2000, cuando en Argentina aún regían leyes de impunidad para los verdugos, el juez español Baltasar Garzón ordenó la captura de unos 80 represores de la dictadura argentina, basándose en el principio de la Justicia Universal.
Entre ellos el prefecto Juan Antonio Azic que no lo soportó y fue a rezar a la virgen. Delante de la figura religiosa se descerrajó un tiro en el mentón, pero falló en el intento -quedó herido- y sobrevivió. Recientemente, fue condenado a cadena perpetua.
Los casos pendientes
Argentina es el único país de Latinoamérica que sigue juzgando a todos los dictadores y represores de su ‘guerra sucia’, que arrojó de 10.000 a 30.000 desaparecidos, según los recuentos oficiales documentados y de los organismos defensores de los Derechos Humanos, respectivamente. Otros países, por ejemplo Chile, han realizado algunos juicios mínimos, pero la mayoría no sentó a sus verdugos al banquillo.
Ahora mismo hay otros 14 juicios orales a represores. Ya ha habido 339 represores condenados, 32 absueltos, y 971 procesados, de los cuáles unos 600 cumplen prisión provisional, según la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nació

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