No es necio el que hace
la necedad, sino el que,
hecha, no la sabe encubrir.
Baltazar Gracián / Oráculo
manual y arte de prudencia

Erwin Macario   
erwinmacario@hotmail.com
Durante muchos años el papá de Jesús Aguirre Hernández recorrió el mismo camino de su casa, en la calle Corregidora, al Banco Agropecuario del Sureste, en la calle Juárez. Eran los tiempos en que Villahermosa terminaba en lo que hoy es Paseo Tabasco y por el lado de enfrente en lo que es la avenida Ruiz Cortines, entonces conocida como carretera del Golfo. Y por el otro lado el río Grijalva y enfrente dicha carretera y el aeropuerto viejo, donde ahora empieza Tabasco 2000.

Tiempos en que la gente hizo negocios y adquirió tierras. Algunos, como don Matías León hacia Atasta, donde hoy es la ciudad deportiva, otros hacia el lado del aeropuerto, como don Diego Rosique. Herencias que bien disfrutan tabasqueños sin problemas.

El papá del que hoy exhibe al director de Invitab como un desconocedor del derecho y de la propia geografía de Villahermosa, como empleado del banco, se conformó con las tierras que nadie quería y que desde hace 14 años están en litigio: hacia el otro lado de la carretera. Zona inundable hasta ahora, pero donde se fueron asentando quienes no tienen dinero para comprar en las zonas altas de Villahermosa y tienen que luchar con la naturaleza.

Una amplia zona de viviendas, la mayoría de gente pobre, que levantó su casa con esfuerzo, fue creciendo en lo que se llamó Casa Blanca. Muchos fueron paracaidistas desde el río hacia la Laguna del Negro.

Otros poseedores de esas tierras pantanosas hubo. Entre ellos el pionero de la radiodifusión en Tabasco, don Aquiles Calderón Marchena. En realidad nadie quería esos terrenos, más aguas que tierra, como dice el poeta.

Parte de esos terrenos, que algunos dicen empezaban en el área de lo que hoy es el mercado José María Pino Suárez —que la prisa periodística no ha dejado confirmar— fueron saliendo de las manos de esa familia. Un hijo hereda lo que hoy es un problema jurídico, empantanado oficiosamente, pero que cuenta de su parte con varios de los mejores abogados de este país en ese espacio de litigio de tierras. Uno de ellos fue Ignacio Burgoa. Otros: Raúl Carrancá y Rivas y Diego Fernández de Cevallos.

La litis, pues, no ha resultado fácil para el Gobierno del Estado que, en este régimen, y a través del director del Invitab, Juan Filigrana Castro, en un acto de posible irresponsabilidad y prepotencia ha declarado que el pleito ha sido ganado y que las tierras, (que se conocen como La Ladrillera y la Colmena ), que fueron compradas, —no se informó a quién— han sido recuperadas por el gobierno al través de un resolutivo judicial definitivo —según él— en el juicio de nulidad y acción reivindicatoria 287/99 que oficialmente promovieron ante el Juzgado Primero Civil.

Una serie de juicios y amparos han habido en este problema de tierras que puede alargarse por más de un sexenio y para cuya resolución hubo una expresión —sacada a fuerza por la prensa— de parte del que se dice dueño de esas tierras que se han ido recuperando del pantano, Chucho Aguirre, que después de haber dicho que su valor es de unos 600 millones de pesos, al preguntársele si estaría dispuesto a venderlas al Gobierno en ese precio, primero dijo que sí pero de inmediato rectificó y propuso tácitamente un arreglo extrajudicial: “Que haya un arreglo, negociación. Podemos repartirnos el pastel”.

Y es que en un error imperdonable, el director del Invitab dijo que esas tierras tienen un valor aproximado de unos 8 mil millones de pesos, según versiones periodísticas.

Desde hace más de treinta años dice el presunto dueño que tiene “esas propiedades y posesiones”. Gran parte están ocupadas por los colonos, excepto los que estaban a la orilla del río y fueron desalojados a raíz de la inundación del 2007, para levantar el muro que nos robó el Grijalva, en lugar de la obra urbanística programada desde el gobierno de Salvador Neme Castillo, que iniciaría el despegue de esa zona, claro con los problemas de ingeniería hidráulica y urbanística que conlleva un desarrollo urbano de esta magnitud.

Pero las tierras en litigio son las que están entre la colonia y la Laguna del Negro. Un área en la que ya hay poseedores, gente que ha ido construyendo sus viviendas. Organizaciones a las que Chucho Aguirre ha dado esas posesiones que habrán de ser respetadas, gane quien gane el pleito judicial.

Desde que el columnista tiene contactos con esta clase de problemas en los tribunales ha recordado lo que decían los viejos maestros del derecho laboral, en los tribunales respectivos, gente que se hizo en el litigio, a veces sin pasar por una escuela de Leyes, sólo por el derecho de abogar, como Olivero Pulido o Bibiano de la Cruz: más vale un mal arreglo, que un buen pleito.

Sería bueno que se recuperara algo del sueño de don Juan, de quien alguien dijo que pasó por la ampliación de Mina —que le pagaron a Chucho Aguirre, en un reconocimiento de sus derechos sobre esas tierras—. Se paró frente a la Laguna del Negro y soñó. Un desarrollo casi como en Argentina, donde en la zona de los muelles, un área de pobreza, nació el corazón financiero y económico de ese país.