Si bien en los derechos a recibir
y difundir información y el hecho
de que la prensa y otros medios
representan el interés público, no
se puede prescindir del honor de las
personas. Tutelarlos, pues, es una
obligación que el Estado, en Tabasco,
atenderá cabalmente. TP190914

Erwin Macario
erwinmacario@hotmail.com

Que Arturo Núñez diera a conocer la despenalización de los llamados delitos de prensa y la protección al derecho de honor, a través del código civil, trajo de inmediato la respuesta contraria de quienes se sienten amenazados, más que por la legislación propuesta, por la forma en que han ejercido el periodismo.

Quitar de lo punitivo penal los delitos de difamación y calumnia, unificar las leyes de Tabasco a las del país para que ya no se sancione con cárcel a quien, en el ejercicio periodístico, pero también en la vida común, provoque daño moral a una persona, no podía dejar indefensos a quienes sufren menoscabo de su imagen, de su buena fama pública, su honor, su propia intimidad personal o su imagen en la sociedad o en los cargos públicos, se dijo en esta columna el mismo viernes 19 de septiembre (Tp190914), horas antes que se diera a conocer la propuesta legislativa del gobernador Núñez.

Quienes se sientan afectados, con daños morales, ya no acudirán a tribunales penales sino a juzgados civiles para demandar la reparación del daño, subrayé en la columna de ese día.

Ya los representantes populares, en el Congreso de la Unión, habían establecido con claridad: “que sean los jueces civiles quienes resuelvan mediante sus resoluciones si los periodistas y comunicadores o alguna otra persona lesionan derechos de terceros, cometen algún delito, o perturban el orden público al difundir información u opiniones, imponiendo una sanción económica y no de prisión como lo contemplan estos artículos”.

Nadie en Tabasco, en aquella ocasión, dijo nada. Tal vez se pensó que el destino no nos alcanzaría.

Tanto en el espacio federal como en nuestra entidad federativa, se tutela el derecho al honor. No se deja indefenso al ciudadano ante la agresión que pudieran sufrir de malos periodistas, comunicadores sin ética, que por suerte son la excepción en el gremio.

Los tabasqueños, pues, en este ámbito de la ley civil estatal, contarán con un medio legal para proceder cuando se sientan afectados por algún medio de comunicación.

El Congreso de Tabasco, por la iniciativa de Arturo Núñez, traslapará al Código Civil correspondiente la defensa de los derechos ciudadanos pero, también, las excepciones que pueden alegar los comunicadores en el caso de que por esa vía se les quiera reprimir: “La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo”, como dice uno de los nuevos párrafos del artículo 1916 del Código Civil Federal y se propone como adición al Código Civil de Tabasco con la adición del artículo 2051 bis.

Ambos ordenamientos legales tutelarán, insisto, el derecho ciudadano a no ser lesionados moralmente por los malos comunicadores, al señalar que daño moral es “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.

¿A esto temen algunos periodistas, locutores y otros comunicadores? El tema da para mucho.

CAMELOT/ Uñismo
Ramón Rodríguez Laynes, director del Instituto Tecnológico Superior de Centla a quien, leo en la prensa, los estudiantes acusan de corrupto y piden su destitución —que hoy lunes se puede dar— forma parte de la podredumbre que sobrevive en la Secretaría de Educación, donde su titular Rodolfo Lara Lagunas instruyó que se metiera en orden al ex alcalde de Zapata, pero su enviado, en vez de hacerlo y pedirle su renuncia, le aconsejó que dieran clases en parques y kioscos de Frontera a los pocos alumnos que mantienen amenazados; mientras el resto de los estudiantes, unos 800, de casi 1,200, piden su cabeza y mantienen tomada las instalaciones.

Rodríguez Laynes, priísta metido al nuñismo, es presunto culpable de “uñismo”. Le compró a su administrativo y socio, de nombre Ubaldo, un terreno en las playas de Pico de Oro, donde construyó una cabaña, así como adquirió una casa en el puerto.

Su enfrentamiento con los estudiantes empezó cuando se eligió a la Señorita Tec, en evento organizado por Roxana Zulueta, pero Rodríguez Laynes la desconoció y nombró a otra alumna, su preferida.

Ahora tendrá que abandonar Frontera, como lo hizo en Zapata donde lesionó al papá de Chon Luna, un señor de bastón, para desquitarse de las denuncias del entonces líder de la CNOP. Ya el alcohol le causa problemas.

En el Instituto Tecnológico tendrán que clarificar el destino de los dineros que Petróleos Mexicanos aporta, según demanda de los estudiantes que piden a la Contraloría de la Secretaría de Educación realice una auditoria. ¿Quién protege a Ramón Rodríguez Laynes?

Excalibur
Erubiel Alonso Que, ni organizando, para la misma fecha y hora, la toma de protesta del dirigente municipal de la CNC, pudo evitar que en su municipio, Balancán, Pico Madrazo, del PVEM, se le metiera y organizara una macro reunión con comisariados ejidales y líderes comunitarios.