Opositores se rebelan contra SAT y Obrador

Juan José Hernández Hernández
el_espiajjhh@yahoo.com.mx
En las últimas giras de trabajo de Andrés Manuel López Obrador en varios estados del país, e incluso en la Ciudad de México, varios grupos han realizado manifestaciones, pero no a pie, sino a bordo de vehículos de lujo.

Según la prensa nacional, grupos como el Bloque Opositor Amplio (BOA), y el Frente Nacional Ciudadano (FRENA) que empezó a operar en Querétaro, presionan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que dé marcha atrás a varias reformas que ha hecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerarlos lesivos al pueblo nacional.

Ha trascendido que BOA está integrado por partidos políticos, intelectuales, empresarios, periodistas y gobernadores de extracción panista, son quienes en regímenes anteriores gozaron de privilegios frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al evadir el pago de impuestos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El periódico La Jornada del 16 de junio del presente año, publica en redes sociales “que la evasión y elución de impuestos se consideren por ley como delincuencia organizada, el SAT tiene identificados a 9 mil 561 contribuyentes que estarían simulando el pago de impuestos y 963 están en proceso de revisión”.

En combate a la evasión fiscal, el propio López Obrador denunció que su gobierno está en vías de denunciar penalmente a ex funcionarios de Hacienda y personas vinculadas a un fraude de 48 mil millones de pesos a través de factureras.

En conferencia de prensa, López Obrador se comprometió a dar a conocer quiénes son aquellas personas (algunos de renombre) que le deben impuestos al SAT durante años anteriores. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la lista de los deudores de los años anteriores al régimen actual.

Francisco Domínguez Servien, gobernador de Querétaro, militante del PAN, fue donde emergió FRENA, grupo político que pide la renuncia de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, por considerar que la actual administración ha violado la Constitución federal, y quienes lo consideran como antidemocrático al grado de tildarlo de comunista.

De modo que López Obrador y la Unidad de Inteligencia Financiera, se han convertido en el blanco de los movimientos “sociales”, cuya protesta es hacerlo en autos de lujo.

Lo mismo ha sucedido en Tabasco. Algunos ciudadanos locales simpatizantes de BOA y FRENA, guiados por el panista Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Felipe Calderón, ha encabezado los movimientos en algunos estados en contra del presidente López Obrador.

Los movimientos representan presión al jefe del Ejecutivo federal para obligarlo a seguir las mismas reglas y privilegios que habían tenido en regímenes anteriores. AMLO ya les advirtió dar a conocer los nombres de aquellos deudores al SAT. Sin embargo la política del presidente es apoyar a los pobres de México e impulsar el rezago social y económico en que está sumergido el sureste mexicano

El Poder Judicial se sujeta al protocolo de sanidad
El Poder Judicial tiene adversarios que desconocen el espíritu democrático y la ética de la aplicación de justicia, como aspectos básicos para evolucionar a la sociedad tabasqueña.

Además de acuerdo a las nuevas circunstancias, se aplicaron protocolos de sanidad para evitar el esparcimiento del Coronavirus, y por otro lado, frenar cualquier indicio que atente el orden legal interno que impera en el seno del Poder Judicial.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco, es una institución de alta prioridad en la entidad. Por lo que se ha sujetado a los protocolos de sanidad que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo fue y será prevenir cualquier contagio de la pandemia del Covid-19.

Por instrucciones precisas del presidente del TSJ, Enrique Priego Oropeza, todos los juzgados y oficinas administrativas del Poder Judicial, después de evitar servicios de manera directa a los ciudadanos durante tres meses para evitar la pandemia del Covid-19, recientemente solo el 50 por ciento del personal de todo el aparato de justicia y administrativa, laboran en todos los juzgados.

Todos los servicios al público, el personal del Poder Judicial están sujetados a los protocolos de sanidad, y lo mismo se procede al público que acude a los diversos juzgados.

Esto ha evitado contagios de Coronavirus en el Poder Judicial, incluyendo el control de los vehículos. Los juzgados cumplen con las medidas sanitarias, al contar con gel, tapete sanitizante delimitados, espacios para evitar aglomeraciones, la toma de temperaturas a todo el personal y a los visitantes se les hace obligatorio.

Todo el personal del TSJ recibe sus respectivos salarios, y se han aplicado otras medidas para evitar robos a cajeros, audiencias en vídeo y los servicios de salud.

Es tajante Enrique Priego en preservar en su totalidad la aplicación de los protocolos de sanidad en todas las áreas y oficinas del Poder Judicial.

El TSJ respeta la libertad de asociación, pero legal
Por otro lado, las máximas autoridades del TSJ, han mostrado pleno respeto a la libertad de asociación, expresado en nuestra máxima Carta Magna. Así opera el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial. Existe pleno respeto a las decisiones que determina esta agrupación gremial.

Lo que es anticonstitucional es la asociación de sindicato de trabajadores de confianza del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los trabajadores de confianza fueron objeto de engaño vil por abogados litigantes que pretendieron formar un sindicato al margen de las leyes legales.

Por lo que ningún trabajador de confianza del Poder Judicial debe sujetarse a tal propuesta, porque es violatorio a nuestra Constitución federal. @el_espiatabasco