“Muy bien las dos posiciones que han surgido del gobernador Andrés Granier y del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, en torno a la polémica que se desató en relación al pago o derogación de la tenencia o impuesto vehicular.”
Abiud Pérez Olán
abiudperez@hotmail.com
Desde su nacimiento, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no ha sido más que un aparato burocrático, donde vegetan sujetas y sujetos que devengan millonarios sueldos que tienen que pagar los tabasqueños, sin que cumplan con la encomienda por la que fue creada esta institución, desde su fundación este tribunal no ha servido más que para entorpecer la ley y torcerla, en vez de hacer justicia, como lo demandan los ciudadanos que caen en las garras de esos encargados de hacer valer la ley.
La resolución del Tribunal Federal, en la que se ordena demoler el edificio conocido como Sport City, en su polémica construcción que fue autorizada por el Ayuntamiento del tristemente célebre y cuestionado Evaristo Hernández Cruz y que luego, bajo componendas, respaldó la administración de Jesús Alí de la Torre, resulta un hecho de justicia que se ordene de una vez por todas terminar con este asunto y darle la razón a los ciudadanos que fueron afectados con esta arbitraria construcción, la resolución del Tribunal Federal reza que no existe ningún agravio, ni tampoco ningún argumento suficiente por parte del Ayuntamiento de Centro para que no se cumpla la orden que ya se había dado con anterioridad y que arbitrariamente el Tribunal de lo Contencioso habría torcido.
En esta nueva resolución que se dio a conocer desde el miércoles a medio día, por parte del Tribunal que va en contra de la sentencia que habría revocado la resolución por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que en esta nueva, la sentencia es más que clara y tiene que dejar intacta la primera, en donde se habría ordenado la demolición del edificio por afectar los intereses de la comuna y no haber contado con la reglamentación y autorización legal para su construcción, esta polémica que se desató hace unos años y en donde los intereses habrían podido más que la sed de justicia de los afectados, que fueron sin duda trastocados por la arbitrariedad de los magistrados de lo contencioso, que se pusieron del lado de la empresa Sport City y habrían pasado primeramente por encima del Tribunal Federal, además de los intereses comunes.
La construcción de este edificio que fue autorizado durante la administración de Evaristo Hernández Cruz con demasiadas irregularidades, ha sido motivo de polémica, ante la protesta de los vecinos que vieron afectada su vida y convivencia por una construcción arbitraria y que posteriormente el ex alcalde y ex aspirante a gobernador Jesús Alí de la Torre habría avalado al igual que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que encabeza Irma Wade, reciben un duro revés y una vez más queda demostrado que esa instancia no tiene nada que hacer dentro del aparato de la legalidad y justicia en Tabasco, porque no es más que un elefante blanco y un derroche de los recursos públicos, con el que se mantiene a una parvada de burócratas sin oficio, ni beneficios al pueblo.
Grillos y grillas
Vaya nuestro abrazo solidario y pésame para el ex secretario de gobierno, Jaime Lastra Bastar, así como a su hermano Francisco y toda la familia Lastra Bastar y Lastra Lacroix, por la sensible pérdida del ingeniero Francisco Lastra Lacroix, quien falleció el pasado miércoles en esta ciudad capital, un hombre forjador de historia y del desarrollo de su tierra Emiliano Zapata, en donde se le recuerda como impulsor de la agricultura y la ganadería, un hombre comprometido con Tabasco y que forjó una vida de trabajo y honradez, que hoy heredan sus hijos, nietos y descendientes, descanse en paz don Francisco Lastra Lacroix… En otro orden de ideas, déjenme comentarles que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la situación se torna más que difícil, aun cuando ya se ha dado prácticamente el banderazo para el gran fraude en la adquisición del inmueble que en el futuro habitarán los consejeros y funcionarios de esa instancia electoral, la contraloría interna informó ayer que todas las operaciones en torno a este escandaloso negocio estaba legal, aunque los argumentos, dijo no tener por falta de recursos para una investigación, sobre lo que se ha invertido y pagado, se encontraba dentro de la ley, desde el punto de vista de esta oficina interna del Instituto Electoral, en donde quedan los reclamos y avalúos que ha presentado el diputado Juan José Martínez Pérez, así como otros encumbrados defensores de los intereses públicos que no le han dado un valor a este edificio por arriba de los 18 millones de pesos, cuando los consejeros electorales autorizaron un pago de 32 millones de pesos, más lo que se le ha invertido, resulta demasiado cinismo y debe de servir para que las autoridades y el nuevo Congreso realicen una investigación a fondo y no solo les haga juicio político para que dejen el cargo estos pelafustanes vestidos de consejeros, sino que paguen con cárcel la osadía de burlarse de un pueblo que ya no tiene para seguir pagando y manteniendo una burocracia corrupta que depreda el presupuesto, aquí está la evidencia de los primeros que podrían ir al patíbulo de cumplirse el anuncio del gobernador electo Arturo Núñez, de que no habrá contemplaciones, ni amnesia, o amnistía para los corruptos y depredadores… Gustavo Rodríguez Castro, al igual que otros consejeros electorales, que parecían que defenderían la honorabilidad, han echado por tierra lo caminado, al avalar esta absurda decisión de no investigar y aceptar que se pague lo que no se debe, por un edificio que todos sabemos no vale lo que se pagó, 32 millones de pesos, más la inversión que viene… Nos leemos mañana.
