El Departamento de Justicia estadunidense demandó a la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, por discriminar a refugiados y asilados en su proceso de contratación. SpaceX desalentaba a esas personas de solicitar un empleo y se negó a contratarlos o a tenerlos en consideración debido a su estatus de ciudadanía, algo contrario a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).