La utilización de la vía penal no puede
ser la eliminación de un periodista o de
un medio de comunicación. Ana Arzumendi /
La despenalización de las intromisiones en los
derechos al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.

Erwin Macario
erwinmacario@hotmail.com

Si bien mantengo la tesis que sustenté en Mérida, Yucatán —en consulta sobre el Derecho a la Información, durante el gobierno de Miguel de la Madrid—, en el sentido que causa más daño al honor quien injuria, difama o calumnia en un medio de comunicación que aquel que lo hace personal o colectivamente en un grupo o una sociedad cualesquiera, he de aplaudir el hecho que hoy viernes, en Tabasco, se firme la iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan disposiciones del Código Civil para regular, en el orden civil, la despenalización de dichos delitos.

Quitar del ámbito penal las agresiones al honor y llevarlas a la reparación del daño por la vía civil es una medida que evitará que esos delitos sean utilizados para castigar o, al menos, intimidar a periodistas que en el ejercicio de su profesión hagan denuncias a las que con triquiñuelas pudieran tipificarse como tales delitos.

Si bien en los derechos a recibir y difundir información, y el hecho de que la prensa y otros medios representan el interés público, no se puede prescindir del honor de las personas.

Tutelarlos, pues, es una obligación que el Estado, en Tabasco, atenderá cabalmente al través del proyecto de reformas que Arturo Núñez enviará al Congreso tabasqueño, contenido en la iniciativa de Decreto que esta tarde firmará en un acto al que los invitados especiales son representantes de los medios locales.

Despenalizar delitos que puedan ser utilizados como pretexto para castigar disensos, ha sido una lucha permanente de los comunicadores. Reciente Congreso de la Faparmex dio a conocer entidades en las que ya se ha librado este flagelo contra la libertad de expresión cuando dichos delitos son utilizados para reprimir, más que para restablecer o resarcir los daños al honor de las personas.

Quienes sientan vulnerados su honor, su propia intimidad personal o su imagen en la sociedad o en los cargos públicos, ya no acudirá a tribunales penales sino a juzgados civiles para demandar la reparación del daño.

De este modo se considerará que un periodista lesiona intereses individuales, pues tal es el honor, y no los intereses sociales o públicos que tutela, en otras áreas el derecho penal.

La protección civil del derecho al honor, a la imagen pública o social y a la vida privada quedaría desprotegida si el Estado únicamente derogara, como ha sucedido en otras entidades federativas, los delitos multicitados y no buscara, —como lo hace la iniciativa que hoy, a las 5.30 de la tarde, se dará a conocer–, regular esos derechos por la vía civil, y con resarcimientos que vendrán a frenar el abuso que algunos hacen en los medios, haciéndose a veces víctima cuando penalmente se les intentaba castigar. Asunto que, hay que insistir, también era peligroso al ser utilizado contra quienes sin cometer esos delitos podrían ser perseguidos, intimidados y hasta encarcelados en tanto probaran que no habían lesionado ningún interés personal o colectivo al sólo ejercer su derecho a informar en bien de la colectividad y sin dolo alguno contra nadie.

Camelot
Mucho dañan al reino actitudes como las que se denuncian públicamente en el Registro Público de la Propiedad. Alguien debe investigar a la secretaria Ana García en el trato con los que ahí acuden así como al propio titular del departamento de Catastro, Miguel Torres. No es posible que los ciudadanos reciban en este gobierno respuestas como “hágale como quiera”.

Excalibur
Que dos periódicos le hayan dedicado, ayer jueves, sus notas principales de primera plana a dos alcaldes perredistas, señalando corrupción; así como se ha presionado a ediles priístas, no es sino muestra de cómo andan las cosas en el Congreso local, donde la diputada Neyda Beatriz García Martínez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, puede perder hasta el sueño de ser presidenta municipal, cargo que, dice, ya lo negoció su protector Javier May.

Doña Neyda Beatriz pretende llevar hasta sus últimas consecuencias la vendetta política que en estos días se ha manifestado en su partido, el PRD. Ayer mismo nos enteramos que otra legisladora, Ana Bertha Vidal Fócil, acusa a su propio gobierno de mantener tortuguismo en los procesos penales contra funcionarios del gobierno pasado.

Con esa actitud pretenden bajar el dedo en caput contra alcaldes priístas como el de Paraíso, Alberto Carrillo, y el de Tenosique, Carlos Alberto Vega Celorio, y levantarlo para perdonar a ediles perredistas como los de Cárdenas, Macuspana, y los ayer exhibidos, Alterio Ramos Pérez, de Tacotalpa y Tíofilo Ovando Sánchez, de Cunduacán, por mencionar algunos. Esta vez son los ediles perredistas los que más han sido exhibidos por corruptos.

Presionar, pues, las cuentas de algunos priístas es una medida para poder “negociar” las cuentas que manchan a la administración amarilla.

Y doña Neyda Beatriz lo logrará a un costo personal muy alto.
Ya no se castigará penalmente, como a veces hubiera sido necesario, los abusos de quien lesiona el honor de las personas en la prensa —que es mayor daño, insisto— pero civilmente tendrá que responderse en los tribunales.