El diputado Jesús de la Cruz Ovando, de la fracción parlamentaria de Morena, propuso en tribuna un punto de acuerdo, por el que se exhorta a todas las instituciones públicas de educación superior en la entidad, para que implementen mecanismos para la atención de quejas y denuncias por violencia hacia las personas que se encuentran en posición de vulnerabilidad o por violaciones a los derechos universitarios.

Bertha Herrera
Rumbo Nuevo
Explicó que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que, en consecuencia, el estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Dijo que la cultura de los derechos humanos debe construirse desde todos los espacios y las instituciones de educación superior son consideradas un escenario ideal para la promoción de los derechos humanos, por lo que existe la necesidad de crear las instancias apropiadas al interior de las mismas, para la defensa de los derechos universitarios y con especial atención a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
“Con el presente exhorto, se pretende que las instituciones públicas que imparten educación superior en Tabasco, analicen y valoren la importancia de contar con un mecanismo especializado para la atención de quejas y denuncias por violencia hacia las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o por violaciones a los derechos Universitarios”, detalló.
El legislador morenista, añadió que si bien algunas Instituciones de educación superior ya cuentan dentro de sus estatutos con estos mecanismos y tomando en consideración las múltiples quejas de quienes hoy se sienten vulnerados en sus derechos, resulta necesario que se impulse, fortalezca o concrete su funcionamiento.
Argumentó que con ello, se estaría en condiciones de dar una respuesta oportuna y apropiada a las múltiples denuncias que se han dado en los últimos días, de presuntos casos de acoso sexual o para atender cualquier otra conducta que pretenda menoscabar los derechos y libertades de las personas que interactúan en esos espacios educativos, además de que se estaría contribuyendo al estudio, fomento, difusión, defensa y protección de los derechos humanos en general y de los propios derechos universitarios.