El Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Migración, con la que se pretende imponer penas de 10 a 30 años inconmutables de prisión y multas de 100 a 200 mil quetzales (268 mil a 536 mil pesos), pero los años de cárcel contra los polleros puede ser aumentada en dos terceras partes, cuando el migrante sea un niño o adolescente, mujer embarazada o el traficante de humanos sea funcionario, empleado público o abogado.