El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite otras siete controversias constitucionales en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, conocidas como la primera fase del Plan B de reforma electoral. Las controversias fueron promovidas por ayuntamientos gobernados por alcaldes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, ambos en Guanajuato.