Luis Enrique Martínez
Rumbo Nuevo
Además del sanitario por covid19, en el mercado provisional de Casa Blanca está encendido el semáforo en rojo. No son todos sino el vicio del impune intermediarismo que obstaculiza el paso histórico municipal que librará del ambulantaje las calles que circundan el mercado «José Ma. Pino Suárez» y una parte del Centro Histórico de Villahermosa.
El martes 30 de junio venció el plazo oficial para el traslado del comercio informal que, tras la inauguración de la nueva y principal central de abasto de Tabasco, ocupó el predio ubicado a la ribera izquierda del río Grijalva, propiedad de la Secretaría de Movilidad. Llegó julio y la mudanza total no termina.
Previamente, el gobierno municipal invirtió más de 4 millones de pesos para rehabilitar el inmueble que por más de dos años albergó a mil 200 concesionarios del Pino Suárez. Además, seguirá pagando la renta mensual superior a 250 mil pesos como es el compromiso tanto del gobernador Adán Augusto López Hernández como del alcalde Evaristo Hernández Cruz para hacer más atractivo al turismo el Centro Histórico de Villahermosa pero sin desamparar al ambulantaje de la zona.
En el fondo, el proyecto de urbanización trasciende: desaparece la desigual competencia al comercio informal; la imagen de limpieza y seguridad pública se garantiza y el ambulantaje tiene la oportunidad de legalizarse para obtener créditos y financiamiento público o de instituciones bancarias para crecer económicamente.
A pesar de lo anterior, aparecen resistencias. La sombra del pasado no se ha ido. Y eso que un día si y al otro también, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe y condena al intermediarismo como una práctica que le hace daño a los que menos tienen. De ahí la decisión de entregar los programas federales a los verdaderos beneficiarios. Nada a trasmano sino de manera personalizada.
En Tabasco y en el mundo, el intermediarismo no es más que el coyotaje. Son estos mamíferos de dos patas los que ahora argumentan precariedad económica del ambulantaje para hacer contratos personales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Saben que la medida acabará con la carne o cobros por cooperación a la mano que pedían a sus representados para cubrir presuntos gastos de servicios que ordinariamente cubre el gobierno municipal o estatal. Era una verdadera fiesta de moches.
La oposición del coyotaje incluye al servicio de transporte público de pasajeros de combis y taxis. En unas semanas, el consumidor desvaneció esa queja que, en su oportunidad, también abanderaron los intermediarios de los locatarios cuando llegaron como huéspedes de lujo al mercado provisional. «Los hechos hablan», decía el gobernador Enrique González Pedrero, y no estaba equivocado.
De esa experiencia abrevan los comerciantes que ya están en la nueva casa. Un domicilio con techo y servicios urbanísticos que en la calle no tenían como tampoco el consumidor. Verdad de perogrullo: no es lo mismo la protección física y de los alimentos bajo impermeables o lonas que la techumbre compartida pero guardando la sana distancia como establece la emergencia sanitaria por coronavirus.
Qué el otro reclamo del coyotaje es negociar espacios vacíos que más de 600 ambulantes registrados por el ayuntamiento no podrán llenar, simple y llanamente revela que el intermediarismo se parece a la pandemia del coronavirus: no tiene para cuando terminar.
