Transparencia, un reto mayor con menos presupuesto

José Martínez
Un comunicado por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), salió a la luz para informar que el comisionado Carlos Bonnin había fallecido a causa de un infarto en el mismo instituto.

«Comisionados y personal del INAI lamentamos profundamente el deceso del Comisionado de este Instituto Carlos Bonnin Erales, compañero y amigo entrañable quien esta mañana falleció a causa de un infarto cardiaco. Nuestros pensamientos y solidaridad acompañan a sus seres queridos», publicaron en su cuenta de Twitter.

Hasta ese momento el hecho parecía consumarse, sin embargo, un día después de la noticia el diario Reforma daba a conocer otra versión: el funcionario se había tirado del quinto piso después de recibir una llamada, lo que ahora apuntaba a un suicidio.

Autoridades de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México explicaron que de los peritajes se puede establecer que “no hubo fuerza externa” que haya provocado la caída de Bonnin. Las contradicciones entre el INAI y las autoridades están a la vista.

Aunque existen otras respuestas que deben ser tomadas en cuenta como saber los trabajos donde el comisionado se desempeñaba los seis meses previos a su muerte: el asesinato de Luis Donaldo Colosio (el video completo circula en redes); la inspección a guarderías del IMSS; el informe de reconstrucción del 19S, y la apertura del caso Odebrecht.

Hace unos días, en una de las ruedas de prensa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le cuestionó sobre el trabajo que viene realizando el Instituto, a lo que respondió que no están cumpliendo de acuerdo al salario que perciben.

El mandatario detalló que están gastando más de mil millones de pesos por reservar información como es el caso de Odebrecht. “No ha contribuido en nada para terminar con la corrupción, y que los sueldos son de hasta 300 mil pesos mensuales”.

Aunque negó que vaya a desaparecer el INAI, sí les recomendó que ahora deberán trabajar con menos presupuesto, porque ya hubo mucho derroche.

En el caso del Instituto Tabasqueño de Transparencia en su momento declaró que carecían de papelería, recursos humanos, guardias de seguridad, ya que fueron despedidos ante la falta de recursos.

En el recién proyecto de presupuesto para 2019, el monto de 32 millones 288 mil pesos con el que venía trabajando el ITAIP, pasó a 20 millones de pesos. Lo que obligará a buscar una mejor organización y planeación para dar la cara este próximo año.

Se debe reconocer que es un ente necesario para el país, pero quizá es momento para demostrar confianza en este rubro, y de esa forma se vaya perfeccionando la democracia.

Lo urgente es consolidar una cultura de la transparencia, sobre todo cuando cada persona sienta como algo normal tener acceso a toda la información pública gubernamental, y no ocultar documentos bajo la leyenda de “reserva”, dejando ver un hilo de corrupción, o por lo menos muchas dudas.

Haberes
El Congreso del Estado dio entrada a una notificación del gobernador Arturo Núñez Jiménez por la que informa la designación de Jorge Abdo Francis y Rúrico Domínguez Mayo como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

También a propósito del Congreso del Estado fue interesante observar ayer cómo realizaron el taller de sensibilización a favor de la discapacidad. Aunque encabezó este ejercicio el titular de Derechos Humanos, Pedro Argüello, nos dicen que hay otro tipo de sensibilización que requiere el funcionario.