Un tema para el informe: la solución a la resistencia civil

José V. Martínez
La llamada “resistencia civil” fue iniciada en 1995 por iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, en ese tiempo candidato derrotado en las elecciones para gobernador donde compitió con Roberto Madrazo. El abanderado entonces del Partido del Revolución Democrática alegó fraude y pidió a sus seguidores dejar de pagar los servicios de electricidad hasta que “se limpiara la elección”. Al paso del tiempo se olvidó el motivo original, pero el “no pago” se convirtió en un bola de nieve que fue creciendo año con año. A finales del 2014 la Comisión Federal de Electricidad calculaba en más de 8 mil millones de pesos los adeudos totales.

Arturo Núñez, como candidato de un coalición encabezada por el PRD, ofreció durante la campaña del 2012 buscar un mecanismo para poner fin a este conflicto. La bandera solaztequista y de López Obrador de “borrón y cuenta nueva” –esto es, la eliminación de los adeudos- la hizo suya. Cuando asumió el poder como triunfador de los comicios se encontró con una grave crisis financiera dejada por la administración anterior. Procedió en principio “recoger el tiradero”, como lo explicaba uno de sus colaboradores, para que poco a poco pudiera ir atendiendo sus compromisos de campaña.

Hay que poner las cosas un poco en su contexto, porque bien sabemos que por lo general los políticos en campaña despiertan muchas expectativas que tienen que ir ajustándose a los recursos disponibles. Más complejo aún si se encuentran con presupuestos reducidos o ya programados. Recordemos que el presupuesto que se ejerció en el 2013 fue elaborado con información del gobierno saliente. Conocemos lo que nos han dicho de cómo se recibieron las cuentas.

El caso es que una vez enfrentada la crisis, vinieron paulatinamente acciones sociales como “Corazón Amigo”, para discapacitados en situación de marginación; “Casa Amiga”, de construcción de viviendas; la eliminación del impuesto vehicular (IEV), entre otros, hasta llegar a principios de 2015 a una variante del “borrón y cuenta nueva”. Obviamente que esta solución no le gustó a quienes han obtenido y pretenden seguir obteniendo ventajas electorales desde la oposición; cosa muy distinta es ser gobierno que debe resolver problemas no crearlos.

Aunque este columnista tiene sus reservas respecto a la postura del “no pago”, atendamos que es un hecho consumado. Que ya desde hacía unos 15 o 20 años había personas que no pagaban la electricidad. Pero no todos entran en el esquema de la “resistencia civil”.

Podría decirse que en sentido estricto, el gobernador Arturo Núñez encontró una solución posible a la toda la “resistencia civil”, aunque esto no incluya a todos los deudores. ¿Por qué sostengo esto? Porque si consideramos que el PRD de 1995 era un partido compuesto mayoritariamente por campesinos y de la clase pobre, quienes realmente se pusieron en “resistencia civil” fueron en su mayoría los clasificados como pequeños deudores. Y estos ya tienen una salida.

Claro que en este proceso, como bien se ha dicho, se interponen intereses electorales y partidistas. Sobre todo de quienes tienen puesta la mira en los beneficios que obtendrán en el 2018, a costa del riesgo de un mal servicio para el usuario y de una sangría para le CFE.

Haberes
Digamos además que los habitantes de Tabasco no son los únicos que adeudan en conjunto enormes cantidades a la CFE. Hasta agosto del año pasado, Tabasco adeudaba 8 mil 225 millones de pesos, pero el Estado de México tenía una cartera pendiente por 9 mil 992 millones de pesos, ocupando el primer lugar entre los morosos; los pobladores del Distrito Federal debían 6 mil 504 millones; los de Chiapas 2 mil 850 millones, entre otros.