El caso de Iguala: el estado mexicano no debe estar ausente

José Martínez
Se cumplió un año de aquel fatídico suceso en Iguala, Guerrero. Demasiados costos ha asumido el gobierno federal. Resulta poco creíble que se trate de una cadena de errores o que se haya intentado proteger a un presidente municipal o a un funcionario menor. El control de daños si no inexistente es, por lo menos, torpe e ineficaz. Este asunto escaló hasta niveles internacionales. La crisis de autoridad y de seguridad son más que evidentes.

Como se recordará, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptada por el gobierno mexicano elaboró un largo informe cuya conclusión fue brutal y demoledora: son falsos varios de los argumentos en la versión oficial de la Procuraduría General de la República, respaldada por el Poder Ejecutivo. En especial se rechaza que los estudiantes de Ayotzinapa secuestrados hayan sido quemados en un basurero de Iguala, Guerrero.

Aunque los voceros del gobierno aseguran que hubo cinco muertos, 43 desparecidos y 22 heridos, el informe internacional destaca además que en realidad el número de víctimas en mucho mayor: son 180 entre muertos, desaparecidos, heridos y perseguidos señala el reporte.

Resulta obvia la gravedad del desmentido a la versión oficial. El propio gobierno aceptó el informe y anunció que reabrirá las investigaciones. Ahora la instrucción es crear una Fiscalía Especial. Antes se integró una Comisión Especial en Guerrero, hubo una Comisión especial del Senado y ahora se pretende también otra Comisión de la Cámara federal de diputados. Demasiadas vueltas, muy alto costo.

El gobierno federal tiene que aceptar que el caso de Ayotzinapa evidenció un problema estructural, de fondo no sólo de percepción, en la aplicación de las leyes, el combate a los delitos y sobre todo en la eficacia de su presencia institucional. Poco positivo puede esperarse de un gobierno ausente y es por el contrario un grave déficit para el crecimiento económico y el desarrollo. En sentido práctico las inversiones se ahuyentan cuando no tienen un entorno de respeto a las leyes y de protección a sus bienes.
Pero aún cuando lo que se arriesga son las vidas.

Pero también todo lo sucedido en torno a los secuestros en Iguala debe tomarse como un aviso que ya no hay asuntos de derechos humanos, de corrupción, negligencia de autoridades que se quede sólo localmente. Son temas de interés mundial. Hay para ello tribunales y pactos internacionales.

Lo que expuso el grupo la comisión de expertos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que ya no es posible mantener zonas grises para la impunidad. Por esta razón las autoridades deben actuar con el mayor profesionalismo, transparencia y compromiso por aplicar las leyes.

Porque si bien es cierto que el secuestro y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa tiene varias aristas relacionadas con los derechos humanos y con grupos delictivos, hay algo que preocupa a la comunidad internacional: la sospecha de que un gobierno puede ser rebasado por intereses extralegales.