Incumplió una asociación civil con Casa Amiga, pero reclama un pago

José Martínez
Sin duda que la vivienda digna es uno de los derechos fundamentales de las personas. No sólo se trata de tener un techo, sino de poder contar con un hogar y se ha dicho que en el seno familiar se construye la sociedad. No es sólo vivir, sino convivir y hacer extensiva esa convivencia a la comunidad. Muchos y muy diversos han sido los programas y acciones que en los varios gobiernos se emprendieron para cubrir la demanda de casas en el país y sobre todo en el estado.

Tabasco es uno de los estados con más necesidades de vivienda. Recordemos el impacto que en los hogares tuvieron las inundaciones del 2007 y los años siguientes, pero también existe un déficit de vivienda adecuadas por los rezagos y la desigualdad de muchos años. No creo equivocarme al señalar que uno de los programas con mayor proyección social y humana emprendidos por el gobierno de Arturo Núñez es el denominado “Casa Amiga”, que se inscribe en una verdadera política pública de largo alcance.

A este columnista le tocó acompañar en diversas ocasiones la entrega de viviendas de “Casa Amiga” a los beneficiados, personas de escasos recursos pero con mucho entusiasmo por mejorar sus condiciones de vida. Observar la alegría con la que recibían las llaves de su nuevo hogar es una experiencia inolvidable.

Por eso me extrañó conocer el reclamo público de una organización denominada “Pobladores AC” que exige del gobierno estatal el pago o reembolso de unos 14 millones de pesos que –a su decir- les adeudan desde el 2014. La asociación civil es presidida por Aurora Castillo Reyes, hermana de la ex diputada del PRD, Verónica Castillo.

De acuerdo a la información disponible, resulta inexacto, por no decir falso el supuesto adeudo. Por el contrario, la asociación fue demandada por la vía civil por incumplimiento de contrato, ya que dejó inconclusas varias construcciones del programa de los ejercicios 2014 y 2015. Para concluir estas viviendas “Pobladores AC” buscó una ampliación de recursos comprometiéndose a concluirlas en el 2016, pero esto no funciona así; los ejercicios presupuestales ya estaban cerrados.

Según el argumento de los quejosos encabezados por Aurora Castillo Reyes, la asociación civil aportó de sus propios recursos financiamientos adicionales por 10 millones de pesos y que con un ocho por ciento más de “gastos de operación” elevaron el monto a 14 millones. Pero no sólo el gobierno estatal ha demostrado que no debe un solo peso, sino que además desde noviembre del año pasado, presentó la demanda civil por incumplimiento de contrato.

Resulta que la asociación civil registró una dirección de Xalapa, Veracruz, como domicilio fiscal ante la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco, encargada de coordinar Casa Amiga. Cuando el Poder Judicial de Veracruz, en apoyo a una petición del gobierno de Tabasco acudió a entregar la notificación de la demanda, el actuario judicial se encontró con que el domicilio reportado resultó inexistente.

Es cierto que con la participación de “Pobladores AC” fue aplicado el programa piloto en el 2013, pero el programa Casa Amiga es una política pública del gobierno estatal. Me informan que el incumplimiento de los compromisos por parte de la asociación civil fue una de las razones por las cuales ya no se les consideró en el 2016.

Haberes
Aunque el grupo encabezado por Aurora Castillo asegura que les deben dinero, por el contrario hay familias que han acudido a la secretaría que encabeza Neyda García para quejarse de que “Pobladores AC” no cumplió y sigue sin cumplir.