Diputados, fiscalización y anticorrupción: falta una real rendición de cuentas

José Martínez
La fiscalización de los recursos públicos en el país en general, no ha sido un ejercicio del todo transparente. Ha sido cuestionada por diversos actores políticos, siempre habrá sospechas sobre el manejo del dinero público, máxime cuando hay denuncias y señalamientos de presuntos actos de corrupción.

Si uno revisa las redes sociales y los portales noticiosos, se topará con cierta frecuencia con supuestos desvíos de recursos o que tal servidor público se ha hecho de propiedades o realiza viajes de placer que con el sueldo que devenga difícilmente podrá cubrir.

Es cierto que no todo lo que se publica es verdad, pero ahí debe estar la autoridad correspondiente para indagar sobre lo denunciado, porque suele pasar que, por algún interés inconfesable, se manchen honras y se dañe reputaciones.

A lo largo de este año, se han publicado en medios locales denuncias de posibles hechos de corrupción. Falta que los órganos de control interno anuncien que se ha abierto una indagatoria para investigar esos hechos y deslindar responsabilidad en caso de comprobarse. O desmentirse.

En el ánimo social queda la sensación de que si la autoridad calla es porque resulta cierta la acusación y se da por hecho que ese supuesto acto de corrupción quedará impune. No debe haber espacio para el rumor.

El OSFE es el responsable de fiscalizar el gasto público de los tres poderes del estado, órganos autónomos y de los 17 municipios tabasqueños. Entrega al Congreso, a finales de agosto, el informe de resultado de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio correspondiente.

En eso documentos se pueden leer que tal poder o tal ayuntamiento tienen observaciones millonarias, y nada más. Falta una efectiva rendición de cuentas y sanciones a quien le haya metido la mano al presupuesto para beneficio propio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho y con justa razón que lo que más ha dañado al país y al estado, ha sido la corrupción.

Entre la fe y la realidad
Estos días están un poco llenos de fe. Ver a personas que vienen manejando bicicletas y en la espalda traen colgada la imagen de la Virgen de Guadalupe nos llama la atención.

Algunos tienen días cruzando estados como Veracruz hasta llegar a Tabasco, y de aquí continúan más al sur.

Sobre la fe podemos decir que ojalá nos ayude a entender qué pasa con los altos costos de luz y que siguen llegando a los hogares. Familias que pagaban sólo 800 pesos, ahora se sorprenden cuando tienen que desembolsar el triple, situación que los lleva a la desesperación.

Otro tema es el alza al transporte que ya se anunció de forma disfrazada para febrero. Lo que se dijo sobre el tema del “taxímetro”, para muchas personas es una tomada de pelo, una burla por parte de las autoridades.

Hasta el momento se podría decir que la moneda sigue en el aire, y es aquí donde los llamados defensores del pueblo, los diputados, deben alzar la voz para defender a quien dicen representar.

Entonces, nos encontramos en una prueba de fe con el fin de no tener más aumentos en servicios básicos que de inmediato representan un duro golpe a la población.

Para 2024 sin duda vendrán otros retos, como estar pendientes del alza de algunos productos de la canasta básica. Eso lo sabemos, y por tal motivo se tiene uno que preparar, pero hay que combatir los abusos o corregir posibles errores.

La relación de los tabasqueños con la CFE ha sido difícil desde hace décadas. En esta administración federal el Presidente ordenó frenar la confrontación y actuar con justicia. Pero no sólo en este rubro. Ya imaginamos su respuesta si alguien en la mañanera te preguntara por las tarifas del transporte público: no estamos en tiempos del neoliberalismo, los funcionarios deben estar al servicio del pueblo y cuidar la economía de quien menos tiene.

Haberes
Un presupuesto total de 52 millones 500 mil pesos para la prevención de desastres naturales y otros siniestros, destinará el Gobierno de Tabasco en 2024. En el Presupuesto General de Egresos del Estado del año entrante, aprobado el jueves por el Congreso local en comisiones, se precisa que los recursos son para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales.