Ayotzinapa: una asignatura pendiente para la verdad histórica

José Martínez
Como usted sabe, la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, ocurrió uno de los sucesos más dolorosos para la sociedad mexicana. El secuestro, desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas en Guerrero.

Ayer el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI), encargado de realizar investigaciones sobre el caso dio a conocer su sexto y último informe de actividades como grupo externo, con el que se pretendía llegar al esclarecimiento de las responsabilidades.

Para esta organización Ángela Buitrago y Carlos Beristain, miembros del GIEI, enumeraron una serie de evidencias que acreditan la actitud de diversas instituciones para no abrir los archivos del caso. En especial el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo a Beristain, uno de los relatores: “El músculo del Estado estaba presente, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha significado el ocultamiento de responsabilidades y se ha constituido, en sí misma, en una responsabilidad del Estado sobre la desaparición de los jóvenes”.

Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó una apertura al GIEI, la realidad es que, literalmente, tuvieron que escudriñar en los archivos del Estado para obtener la información, incluso alguna de la cual estuvo a punto de ser tirada a la basura.

Entre quienes participaron en aquella criminal acción –señalaron los miembros del GIEI- existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos y oculta parte sustancial de los mismos.

Buitrago y Beristain dieron a conocer una serie de rastreos que hicieron a las redes de telefonía móvil de los actores implicados en el caso, con base en lo cual se conocieron contradicciones, mentiras y alteración de informes. De acuerdo a los expertos en el encubrimiento de los sucesos participaron más de 200 personas de 6 corporaciones municipales, estatales y federales, por 9 años.

Uno de los temas con mayor complejidad a los que debe responder el Estado Mexicano.

Gaseras, un riesgo para la población
Hace unos días en rueda de prensa, personal de la empresa gasera “Gallito”, dio a conocer que los documentos para instalar una nueva planta en una colonia estaban en regla, y no entendían el motivo por el cual los vecinos de Primero de Mayo les impedían construir el inmueble.

Tal vez viéndolo como un negocio se puede decir que están en todo su derecho para seguir extendiendo su marca, pero no se puede jugar con la vida de las personas: siempre hay que combatir los factores de peligro. En la ciudad de México, por ejemplo, han ocurrido muchos accidentes por este motivo. Son empresas demasiado vulnerables para estar cerca de la gente. Primero la vida, después el lucro.

Lo mismo sucede con las gasolineras, algunas en Villahermosa están a un lado de los hogares.

Se sabe que en el trienio de Evaristo Hernández Cruz, fue cuando más concesiones se dieron a empresarios para colocar gasolineras. Los beneficiaron sin importar a qué radio de las viviendas estuviera.

Y no se trata tampoco de la gasera El Gallito, existen otras que también buscan acercarse a la ciudad, como Ramagas, Tabagas, Sonigas, a las que les debe ser controlados sus estándares de seguridad, incluso. Lamentablemente hay compañías que se atreven a servir el gas LP en la calle, sin importar el riesgo.

Otro de los puntos que causan miedo, son los cilindros que manejan. No existe un protocolo de reposición y cambio. La mayoría de ellos operan con tanques que tienen alguna fuga, y son un riesgo para la población. En la entidad existen algunas marcas como Gascom, Global Gas y Tabasco Gas, las cuales se dice no cuentan con los permisos para vender. Es necesario un pronunciamiento de las autoridades para aclarar este punto.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que una empresa pueda distribuir gas LP en cualquier parte del país, se necesita que la autoridad haga una revisión visual en cuanto a la capacidad instalada en sus respectivas plantas, para así verificar que cumplen con los estándares de calidad y seguridad.

Haberes
El secretario de Gobierno de Tabasco (Segotab), Guillermo del Rivero León, hizo un llamado a los burócratas que se encuentran inconformes con algunos artículos de la Ley de Seguridad Social del Estado, conocida como Ley ISSET, a esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la acción de inconstitucionalidad que fue promovida en el año 2016. Los derechos de los trabajadores deben ser preservados.