Ley Ingrid, aprobada en Tabasco

José Martínez
El feminicidio provocado en todos sus aspectos es un hecho real en México. No es un problema social nuevo, pero sí constante.

Son de esos fenómenos que duelen y que dejan marcas, sobre todo a los familiares de las víctimas.

Pero más allá de tales sucesos que llevan un sello de no perdón, algunas autoridades, entre ellos policías, se han atrevido a difundir imágenes de mujeres golpeadas, masacradas, sin vida, ultrajadas, con todo el dolo y el morbo.

¿Qué buscan, qué ganan?, absolutamente nada, y esas fotografías, desafortunadamente se van a ciertas redes, y lo más lamentable, a contados medios impresos o televisivos.

Ante esa situación, y por el asesinato y descuartizamiento de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en febrero de 2020, a manos de su pareja, y para colmo por la filtración de las imágenes, empezó a caminar la llamada Ley Ingrid, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

La reforma del Código Penal que castiga con hasta 10 años de cárcel la difusión de esas imágenes, especialmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

La Ley Ingrid que fue aprobada en la capital en 2021 y en otros cuatros Estados contemplaba penas menores que la medida aprobada por la Cámara baja. En Ciudad de México, de dos a seis años; Estado de México hasta ocho años; Oaxaca, hasta siete años y en Colima, se aprobó con penas de tres a seis años de prisión.

En Tabasco también fue aprobada y el Pleno del Congreso del Estado lo hizo de manera unánime, por lo que se sancionará de 2 a 6 años de prisión y con multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes difundan imágenes sensibles de mujeres asesinadas.

El dictamen de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur y Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, fue avalado sin discusión alguna.

Tras la votación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Emilio Contreras Martínez de Escobar, hizo la declaratoria de aprobación de reforma al Código Penal del Estado de Tabasco, por el que se adicionó el Artículo 285 Bis.

La promotora de la iniciativa, la diputada de Morena, Diana Rodríguez Morales, destacó que esta ley busca erradicar una práctica que revictimiza a las mujeres cuando son asesinadas.

Autonomía
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, aseguró que la queja contra el diputado local de Morena, Emilio Contreras Martínez de Escobar, se resolvió con autonomía y sin presiones políticas. La semana pasada, el Consejo Estatal del órgano electoral determinó que el morenista no cometió violencia política en razón de género por sus expresiones contra la exdiputada local del PRI, Lorena Beaurregard. Apuntó que los resolutivos que emiten, están apegados a derecho y legalidad, y prueba de ello es que los tribunales electorales han confirmado las sentencias emitidas en materia de violencia política.

Bienestar
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presumió que los 601 nuevos trabajadores de la salud, contratados para la atención en centros de salud rurales, tendrán salarios dignos y sin retrasos. El coordinador de Recursos Humanos y Regularización de Personal del Insabi, Candelario Pérez Alvarado, explicó que se trata de 601 trabajadores dedicados a atender centros de salud de alta a muy alta marginación. “Es parte de un programa nacional que contempla la contratación de 8 mil 655 trabajadores de la salud, exclusivamente para garantizar la atención médica en los centros de salud las 24 horas, los siete días de la semana”.

Haberes
Con una votación de 7 contra 4, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica. De esta manera, continuará la reforma de 2021 impulsada por llamada cuarta transformación en el Congreso de la Unión.