José Martínez
En el México actual es necesario hacernos la pregunta: ¿estamos preparados culturalmente y como sociedad para la impartición de justicia?, y llevar a la práctica el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, tal y como se tiene jurídicamente planteado.

Si nos salimos un poco de los aspectos jurídicos y políticos, y nos introducimos hacia los elementos que conforman esa parte de la cultura, sobre todo en lo relacionado a los problemas de la corrupción e impunidad, vemos que a poco menos de cinco meses de entrar en vigor en todo el país, no se tienen a la vista los protocolos que garanticen un ejercicio transparente de la aplicación de ley de parte de Ministerios Públicos, Policías Ministeriales y Jueces.

La corrupción y la impunidad son dos problemáticas arraigadas en las instituciones de seguridad y justicia del país, así lo demuestran los siguientes datos: en marzo de 2015 el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señalaron que la percepción ciudadana indicó que el 90% de las instituciones policiacas, y el 80% del Poder Judicial son corruptos.

En Mayo del año pasado, el periódico el Economista publicó que según el índice Global de Impunidad (IGI2015), elaborado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLA), México se ubicó en el segundo lugar de los países con mayor impunidad de un ranking de 59 países que conforman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Datos que nuevamente nos refrescan la memoria sobre dos problemas que definen la calidad de los servicios que se proporcionan, y la confianza que tiene la gente sobre la seriedad y el profesionalismo, que imprime cada servidor público a las tareas y funciones relacionadas con los servicios judiciales y de aplicación de la ley.

No es una verborrea lo que se maneja en torno a un sistema vulnerado por la corrupción. Situación donde el pago de dinero a la mano convierte al delincuente en inocente y al inocente en delincuente. Donde la autoridad se convierte en verdugo de un usuario que desconoce o no tiene los elementos fundamentales para emprender su defensa.

Mientras que los casos de impunidad se presentan cuando el ministerio público y juez hacen caso omiso, dan por perdida e integran mal una queja o demanda determinada, o cuando el acusado o victimario es pariente, pudiente o socio, entre otros ejemplos que pudieran darse. En lo político se podría esperar una evolución importante, o bien más de lo mismo.

Haberes
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