Crisis y reforma en el ISSET, responsabilidad compartida

José Martínez
Los cambios no son fáciles y muchas veces no son populares. Acabar con vicios y promover ciclos virtuosos requiere firmes decisiones. El mundo está cambiando, México debe cambiar y Tabasco también. Dice la conseja popular que muchas veces se está viendo la tempestad y no se pone a cubierto. Es lo que ocurre ahora. Desde hace unos 20 años la advertencia vino pero no fue escuchada: los gastos del gobierno estaban creciendo de tal manera que llegarían a ser insostenibles. Si a eso se suma el derroche el resultado es previsible.

En los días recientes he tenido oportunidad de escuchar los argumentos de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, de los diputados y de las autoridades, en relación a las reformas a la Ley del ISSET. Nos falta la opinión de la población abierta, aquella que tiene que pagar los costos de la burocracia.

Estamos ante una reforma que implica a más de 80 mil derechohabientes, empleados o jubilados del estado. Pero debemos aclarar que el problema de la seguridad social y de las pensiones abarca también a todos los asalariados. La cuestión, en el fondo, es casi la misma: el viejo sistema para financiar los servicios médicos, los créditos, las jubilaciones, resulta insostenible. Los cambios en la población hacen que cada vez haya más personas en retiro laboral, reduciéndose en cambio el porcentaje de quienes están activos.

¿Qué pasó en Tabasco? Los trabajadores empleados por el gobierno en la entidad llegaron a ser unos 95 mil a mediados de los años ochenta. Una carga muy pesada para el dinero público. En los siguientes años tuvieron que hacerse recortes, despidos masivos, para tratar de ajustar la planta laboral a los recursos disponibles. Pero todavía no se ha llegado a un punto de equilibrio.

Lo grave es que varios gobiernos dejaron crecer el problema. Se siguieron contratando trabajadores sin calcular los costos futuros. Si a esto sumamos que lamentablemente en México –y Tabasco no es la excepción- se usan los recursos públicos como como si fueran propiedad de un grupo de funcionarios contribuyó a que una institución como el ISSET se desfondara literalmente: no se invirtió en mejorar su infraestructura de atención a los trabajadores, pero al mismo tiempo se descapitalizó. Al llegar el gobierno de Arturo Núñez, el ISSET que debería tener un fondo que lo hiciera autosustentable requirió de un subsidio anual de unos 80 millones de pesos. Demasiado dinero.

Amet Ramos, secretario de Finanzas, explicaba que la reforma a la Ley del ISSET aprobada en diciembre pasado es resultado de una actitud responsable para evitar la falta de liquidez en el 2018. Traducido a un lenguaje llano, en poco tiempo la dependencia de seguridad social no tendría recursos para atender las necesidades de los derechohabientes.

La ley anterior tenía unos 30 años de antigüedad. Cuando la esperanza de vida de un trabajador era menor y cuando las personas en edad de retiro eran verdaderamente pocas.

Algunos dirigentes sindicales no están de acuerdo con la nuevas cuotas y con las nuevas condiciones de retiro. Es un asunto que se puede y debe discutir, pero con argumentos. Ha sido tomado como bandera político electoral por los partidos, inclusive por aquellos que tuvieron responsabilidad en el quebranto del ISSET.

Haberes
Bertín Miranda, titular de Administración, asegura que el gobierno está abierto a la revisión de las inquietudes de los trabajadores, aunque los representantes sindicales conocieron los alcances de las reformas. Algunos de los líderes quieren desdecirse. Lo dicho: en una tormenta lo mejor es actuar de manera responsable.