El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, enfrentaría nuevamente los cargos por corrupción y fraude que le habían sido retirados de manera irregular por la Fiscalía del país, al parecer bajo presión política, hace siete años.
Pretoria, Sudáfrica
Notimex
El Tribunal Superior en Pretoria anuló este viernes la decisión “irracional” tomada por el entonces fiscal del Estado, Mokotedi Mpshe, de retirar 783 cargos criminales contra Zuma, por lo que el caso podría reanudarse en cualquier momento.
Los delitos están relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999, pero Mpshe retiró los cargos sobre la base de que las grabaciones de llamadas telefónicas entre altos funcionarios sugerían que las acusaciones habían sido manipuladas.
Sin embargo, el principal partido de oposición Alianza Democrática (AD) pidió que se reactivara la investigación, argumentando que esa no era razón suficiente para el retiro de los cargos, lo cual ocurrió cuando Zuma ganó las elecciones de abril de 2009.
“Nos encontramos con que Mpshe estaba bajo presión, y por lo tanto tomó una decisión irracional. Ignoró la importancia de su juramento en el cargo”, sostuvo el juez presidente de la corte, Aubrey Ledwaba, al emitir su veredicto.
El fallo del tribunal fue recibido con beneplácito en varios sectores de la sociedad sudafricana, pero el partido AD los describió como una “victoria aplastante para el Estado de Derecho”.
Presidencia fija postura
La oficina de la Presidencia indicó en un comunicado que tomó nota de la decisión del Alto Tribunal sobre el procesamiento contra el presidente Zuma y “tomará en consideración la sentencia y sus consecuencias”.
“Esos cargos se retiraron formalmente por el Tribunal Superior de Pietermaritzburg durante abril de 2009 y, como tal, no existe un litigio pendiente ante los tribunales contra el presidente Zuma”, aclaró.
El líder sudafricano, de 74 años, siempre negó las acusaciones que están vinculadas a un acuerdo de armas firmado por el gobierno en 1999, por valor de miles de millones de dólares.
Sin embargo, ahora la autoridad de procesamientos penales tendrá que decidir si quiere o no restablecer los cargos.
