César Graciano Calvario
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Desgraciadamente en México, y muy particularmente en Tabasco, solo tapamos el pozo, cuando se ahoga el niño. Ello a pesar de que todos los signos evidentes nos griten avisándonos del peligro latente. Sobre todo para nuestra población más vulnerable. Es el caso de la necesidad de la población de usar medios de transporte más económicos y disponibles en los lugares y momentos que se les necesita. Para satisfacer esta necesidad, la gente se expone al peligro, se arriesga, y muchas veces pierde la vida. Porque tal servicio público no está debidamente normado, supervisado, vigilado por las autoridades a cargo de la función. Ni por la federal, y menos por la local. Ambas tienen siempre otro pendiente más urgente. Pretextando no disponer ni de los recursos, ni del personal, ni de las ganas de hacerlo.

Así, pululan en los lugares más recónditos de la entidad los establecimientos donde un boletero con una mesa destartalada y una silla coja, se encarga de enganchar a la menesterosa clientela para subirla a unidades de transporte pirata, muchas veces sin documentación en regla y hasta con placas de identificación sobrepuestas. La cuota de sangre, sufrimiento y sacrificio que en Tabasco se tiene que pagar por este estado de las cosas es muy elevada. El domingo pasado, 13 de abril la tragedia se hizo presente nuevamente para cobrar la vida de 36 tabasqueños que abordaron un transporte “turístico” buscando llegar a la Ciudad de México. En el tramo Sayula-Isla en el estado de Veracruz, la unidad se impactó contra otro vehículo estacionado, incendiándose en su totalidad.

Desgraciadamente, no fue un hecho fortuito. Como una macabra casualidad, el accidente del domingo estuvo a punto de suceder en el exacto aniversario del que hace ocho años cobro la vida de 58 tabasqueños. Fue el 17 de abril de 2006, en las Cumbres de Maltrata, del mismo estado de Veracruz. Las circunstancias, similares. Un grupo de peregrinos que aceptaron la invitación de un religioso a visitar el estado de Jalisco, contratando para el efecto (por el religioso) el servicio de un autobús que resultó un cacharro en el que milagrosamente (en efecto) se transportaron de ida, pero que al regreso, con un sobrecupo no previsto, se fue a un voladero de 200 metros de altura en el sitio mencionado.

¿Y que han hecho las autoridades durante ocho años para ir sentando las bases de una modernidad del servicio que garantice la seguridad de sus usuarios? ¡Nada! Como decíamos, las autoridades federales y locales se tiran la bolita o -como sucedió el martes pasado- los diputados del Congreso Estatal, sacan su campanita de los EXHORTOS para llamar a esas autoridades a misa. Y ya sabemos cómo es que se responde a esta clase de llamados. Aunque algunos –listos como son- proponen “exigir a los autobuses que viajan por carretera, tengan indicadores de límite de seguridad” ¡Ah! y también se proponen, aprobar   un punto de acuerdo, presentado por el PRI, buscando “evitar que tracto camiones se estacionen en las orilla de las autopistas”. O sea…Tapar el pozo ¡con hoja de palma!

….a pie de carretera
Sergio Herrera Concha
En nuestro medio no se le reconocen grandes luces a este antiguo burócrata que ahora oficia como pomposo  director general del Centro SCT Tabasco. Pero a fe nuestra, que no se necesita de faros de alto wattaje para aplicar la ley federal de transporte a las “empresas” que en Tabasco trafican en las carreteras federales con la seguridad de los tabasqueños. En especial aplicarla a los responsables del siniestro acaecido el pasado domingo. No se trata de parar en la liquidación de mugres 100 mil pesos por persona a los deudos. No. Se trata de colaborar con la PGJ para llevar ante la justicia a quienes seguramente infringieron la ley.

Segunda llamada. Y tercera también ¡Vámonos a la playa! Le busco mañana aquí el próximo martes SDQAdiuuuuuuuuuuuuuuuuu
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