El encargado de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos enfatizó la labor que realizó la actual administración para lograr este beneficio

Ricardo Rivera
Rumbo Nuevo
El convenio suscrito por el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de regularizar adeudos históricos de usuarios domésticos, es de carácter administrativo y tiene fundamento en la Constitución Política del Estado, que confiere al titular del Ejecutivo facultad plena para lograr ese tipo de mecanismos, aseveró Juan José Peralta Fócil.
El titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ) afirmó que no existe ninguna irregularidad jurídica en torno a la consecución del acuerdo que a la fecha ha permitido que alrededor de 285 mil usuarios tabasqueños hayan encontrado una alternativa para resolver su situación de morosidad en el pago del servicio eléctrico.
Sostuvo que tal como establece la Constitución local, el Titular del Ejecutivo posee facultades plenas para firmar convenios de tipo administrativo, por lo que de ninguna manera está obligado a solicitar anuencia al Congreso del Estado; es una interpretación equivocada decir lo contrario, aseveró.
“Es simplemente leer la Constitución del Estado, leer las facultades que tiene el gobernador, las facultades que tiene el Congreso, y en materia de convenios administrativos es facultad del gobernador firmarlos”, recalcó, y explicó que el Convenio Marco formalizado con CFE creó un método de trabajo para ofrecer una alternativa de solución a más de 577 mil con problemas de pago.
El funcionario refirió, incluso, que los recursos estatales comprometidos en el marco de esta iniciativa tampoco requieren de una autorización especial del Poder Legislativo, porque fueron previstos e incluidos en las partidas contenidas en el Presupuesto General de Egresos aprobado por el propio Congreso para el ejercicio 2015.
En entrevista, Peralta Fócil dejó claro que en ningún momento el gobierno estatal acordó un contrato de tipo mercantil con la Empresa Productiva del Estado, y señaló que si bien cualquier ciudadano tiene derecho a presentar las acciones de carácter legal que considere pertinentes, serán las instancias correspondientes las que determinen su procedencia.
Dijo que en el caso de las peticiones de juicio político contra servidores públicos, será el Congreso del Estado el que en su momento, previo análisis, tome una determinación. “Pero desde el punto de vista jurídico, no hay que confundir jamás convenio con contrato”, concluyó.