Jesús Martell Chagoya
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La Fiscalización es una práctica encaminada a revisar con claridad que una actividad en este caso gubernamental, sea realizada conforme a estipulaciones de legalidad, eficiencia y transparencia, por tanto la principal responsabilidad de la fiscalización estriba en el buen ejercicio del gasto público y la detección de desviaciones, ocultamientos o ineficiencias, con el objeto de ser castigadas o corregidas.
La Contraloría es la estructura encargada de la responsabilidad de la Fiscalización. En la mayoría de las instituciones públicas mexicanas el contralor es nombrado por el titular del poder ejecutivo y depende del mismo para cuestiones tales como reporte de irregularidades y destitución del cargo, estas circunstancias condicionan su desempeño y objetividad de una manera considerable.
Resulta indispensable en toda administración pública moderna la existencia y adecuado funcionamiento de estructuras encargadas del control del gasto público. A efecto de poner coto a la corrupción y a la discrecionalidad, exigiendo eficiencia en la ejecución. Sin embargo, de poco sirve la existencia de estas estructuras si el marco legal las hace dependientes directas de los titulares de las dependencias que deben fiscalizar. En el caso de los estados y los municipios, las contralorías han servido más como una instancia de apoyo y legitimación a los titulares gubernamentales, que como un organismo de genuino control interno.
Cuando los contralores son nombrados por los gobernadores, presidentes municipales y secretarios, no puede ni remotamente esperarse que actúen con la imparcialidad que la responsabilidad requiere. Antes cuando funcionan avisan al titular de las desviaciones ocurridas al interior de su administración para poder proceder a cubrirlas para que puedan ser sometidas a escrutinios más severos como los de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En cuestiones de contraloría y fiscalización, se debe hacer efectiva la pluralidad política prevaleciente en nuestro país para imprimir un mayor grado de responsabilidad al ejercicio público del gasto. La lógica de la fiscalización, debe obedecer a criterios técnicos y objetivos y estar exenta de motivaciones políticas que busquen el encubrimiento o la cacería de brujas.
Instrumentos para la Programación y la Presupuestación
Una administración pública ordenada requiere necesariamente de estructuras que le proporcionen orden cuerpo y sustento. La Planeación es sin duda la herramienta organizadora fundamental de toda administración tanto pública como privada. Sin embargo, para que la planeación arroje resultados verdaderamente significativos, resulta necesario trascender las etapas enunciativas y llegar a las etapas programáticas que habrán de estipular con exactitud que instancia o dirección se encuentra a cargo de que programa y actividad.
Es en la parte de la programación donde los objetivos se transforman en metas; donde las ideas se convierten en proyectos y programas específicos. La presupuestación constituye un complemento indispensable en esta tarea y se encuentra encargada de especificar cuánto presupuesto se encuentra asignado a cada una de las instituciones y programas gubernamentales y en que tiempos y modalidades puede ser ejercido.
Los principales instrumentos de programación y presupuestación son sin duda, los planes de desarrollo, los programas y proyectos que se desprenden de los mismos y los presupuestos de egresos. El diseño inicial de estos instrumentos es responsabilidad de la institución en cuestión, pero la versión final es determinada por un proceso de supervisión y control donde influyen otras instancias públicas. En el caso del municipio, surge un dilema. La autonomía municipal se encuentra limitada en materia de programación en la medida que la elaboración de proyectos y programas municipales sobre todo en el caso de municipios pequeños obedece más a directivas determinadas por los partidos que a un proceso de negociación y consenso entre los habitantes e instituciones de cada municipio.
Asimismo, no sería difícil coincidir en la necesidad de que exista cierta homogeneidad en el tratamiento que los municipios deben darle a sus presupuestos de egresos, sin embargo, con dicha excusa, los congresos de los estados ejercen una suerte de tutela presupuestal que va más allá de criterios técnicos y acaba por influir en diferente medida en el diseño y distribución de los presupuestos de egresos municipales.
En algunos estados, el comité hacendario del estado puede ser una institución que sirva para imprimir cierto grado de homogeneidad a los presupuestos o para dictar criterios políticos de asignación presupuestal del partido en el poder. Hasta qué punto controlar o hasta qué punto permitir constituye un debate abierto en materia de presupuestación.
Alternativas de Financiamiento Municipal. Como es sabido, los ayuntamientos mexicanos perciben ingresos a través de las participaciones federales y del cobro de los impuestos, derechos, servicios y aprovechamientos municipales. Sin embargo, está visto que estas percepciones resultan insuficientes para las necesidades de desarrollo de la mayoría de los municipios; por ello en varios lugares se exploran vías alternativas de financiamiento.
Estas vías alternativas consisten generalmente en la concesión de servicios municipales a empresas privadas que se comprometen a prestarlos y que reportan al ayuntamiento una cantidad determinada o un porcentaje acordado de las utilidades.
La noción de cofinanciamiento obedece generalmente a un esquema de colaboración del ayuntamiento con los habitantes del municipio que habrán de recibir beneficios directos a través de una obra pública determinada. En este caso, los vecinos colaboran con el ayuntamiento aportando dinero, mano de obra o material. Otro caso de cofinanciamiento puede observarse en la colaboración de municipios adyacentes para realizar una obra de beneficio común. No se descarta por supuesto la colaboración de autoridades estatales o federales.
Existen casos en los que el cofinanciamiento no sólo se obtiene de los ciudadanos beneficiados, sino de aportaciones de empresas establecidas en el territorio municipal; de donaciones por fundaciones; de fondos de colaboración internacional. Los límites para acceder a estas alternativas de cofinanciamiento dependen de la iniciativa de los ayuntamientos en buscarlas y gestionarlas.
A pesar de que es cierto que la bonanza económica nunca ha estado relacionada con la generalidad de los municipios mexicanos, no menos cierto resulta que la crisis económica no ha olvidado al municipio como un espacio privilegiado para manifestarse. Los recursos municipales resultan cada vez más insuficientes ante el incremento de la ciudadanía a la que deben prestar sus servicios y el aumento en expectativas de cualquier pueblo que comienza a conocer la democracia.
Los recursos tienen que venir de algún lado y ante el gradual ascenso de los costos públicos resulta indispensable buscar alternativas de fondeo que escapen a la convencionalidad pero que respeten estrictamente la legalidad.
El reto no es nada sencillo y no todos los municipios cuentan con iguales niveles de creatividad y atractivo para las fuentes alternas de financiamiento. Convencer a un inversionista nacional o extranjero para su participación económica en un municipio de tamaño considerable puede resultar muy difícil, pero convencerlo a invertir en municipios de escasa viabilidad económica puede resultar labor poco menos que imposible.
Las alternativas más claras para la percepción de recursos en el ámbito municipal parecen ser por un lado la concesión de servicios públicos y por el otro la atracción de industria y comercio al municipio. En la primera alternativa debe resolverse la compleja ecuación que representa dar entrada al capital privado sin descuidar la responsabilidad pública irrenunciable por cierto del ayuntamiento.
Sin embargo, los precios de los servicios públicos se encuentran tan por debajo de su nivel real que subirlos generaría serias crisis de ingobernabilidad, ante esto los ayuntamientos deben ingeniárselas para hacer atractivo para los inversionistas la prestación de algún servicio público tal como la administración de la basura.
Por otro lado el incremento de los ingresos municipales por el aumento de industria o comercio no representaría en realidad una alternativa de financiamiento por sí solo, lo que si lo representaría sería un esquema novedoso de municipio promotor que otorgue ventajas estratégicas a la iniciativa privada para que genere riqueza en su territorio, riqueza que directa o indirectamente terminará por impactar positivamente a sus finanzas públicas.
