El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito concedió un amparo al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, sin que ello implique su libertad ni la anulación de actuaciones posteriores, que concedió la protección de la justicia federal, para que el Tribunal Unitario de apelación deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva, con plenitud de jurisdicción, purgando los vicios formales que la afectan.

México, D. F.
Agencias
En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia de en la que se otorgó el amparo al ex mandatario estatal, al considerar que los agravios de los agentes del Ministerio Público recurrentes resultaron infundados, toda vez que el magistrado unitario de amparo se había ajustado a derecho al otorgarle la protección constitucional al quejoso en contra del auto de formal prisión impugnado, debido a que el magistrado de apelación no había dado contestación a todos los agravios hechos valer por el apelante, pues omitió algunos y otros los respondió en forma parcial, lo que era violatorio de garantías, pues legalmente estaba obligado a resolver sobre todas las cuestiones de fondo planteadas por el inconforme.
Los magistrados confirmaron también la sentencia de amparo recurrida, emitida el 15 de octubre de 2014 por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito (como Tribunal de amparo), al resolver el amparo indirecto 72/2014, en la que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Granier Melo, respecto de la sentencia de segunda instancia emitida el 15 de julio de 2014, por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, en la que se confirmó el auto de formal prisión dictado en contra del indiciado.
Del mismo modo, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito otorgó un amparo a José Manuel Sáiz Pineda, ex secretario de Planeación y Finanzas durante la administración de Andrés Granier, para que el juez de origen dicte un nuevo auto de formal prisión y determine, con plenitud de jurisdicción cuál de los delitos se le acredita: el de peculado o el de ejercicio indebido del servicio público en pandilla.