Tal es el caso de los edificios del IEPCT que su costo y estructura ha causado polémica, y por otro lado el del Sport City donde el TCA hace oídos sordos a mandatos del Tribunal Federal

Daniel Lorca
Rumbo Nuevo
Sanciones económicas, administrativas y hasta cárcel es lo que exige la ciudadanía, diputados locales y dirigentes de partidos políticos a quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos y aun sabiendo las consecuencias, las omitieron con tal de llevarse su “tajada” grande en los jugosos negocios que hicieron.
Tal es el caso de los edificios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) que su costo y estructura ha causado mucha polémica, y por otro lado el del Sport City, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo  se ha hecho de la vista gorda y oídos sordos a los mandatos del Tribunal Federal.
En el caso del edificio del IEPCT, muchos actores de la política, han coincidido que se sancione de alguna manera, y hasta con cárcel, a los consejeros electorales que avalaron la compra de dicho inmueble, aún con el conocimiento de que el edificio tenía defectos en su estructura, pero lo más peor, es que su costo fue duplicado, y a un año de la adquisición, la polémica sigue en su apogeo.

Fincar responsabilidades: Diputados
En su oportunidad, el diputado local del PRD, Juan José Peralta Fócil añadió que a este caso le ve tres salidas jurídicas posibles; la vía civil, administrativa y la vía penal, de tal manera que en ese sentido tendrán que ser muy responsables, razonar en el seno de la Comisión Inspectora de Hacienda, fundamentar bien el dictamen correspondiente, en el caso particular, y si hay que fincar responsabilidades a los consejeros electorales, tendrán que actuar conforme a Derecho.
Su homólogo Juan José Martínez Pérez señaló que se encuentra entrampado de nueva cuenta el IEPCT, por lo que pidió a la empresa que valuó en 32 millones de pesos el nuevo edificio, a que explique en qué se basó para decretar esa cantidad; por lo que la Contraloría Interna del IEPCT debería de aplicar sanciones ante este asunto y hasta el momento no se ha actuado en consecuencia.
En su momento, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Marcela González García indicó que para ella, la parte más importante jurídicamente es qué es lo que es viable, cómo se va a resolver este tema, y ver quién omitió, en un momento dado,  hacer estos análisis previamente para hubiera una mejor inversión del recurso público.
En cuanto al costo del inmueble, dejó claro que “yo creo que el costo no es como nos parezca o nos deja de parecer de nuestra visión personal o de nuestro nivel de ingresos, yo creo que el costo se debe analizar desde lo que es un gasto público y si corresponde a la realidad, y en ese sentido voy a esperar exactamente ese dictamen a que hace alusión el consejero presidente provisional del IEPCT porque debe ser un tema que debe ser abordado en ese documento”.

Esta semana denuncia en Contraloría: Romero
En su oportunidad, el dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle sostuvo que ellos siempre han estado pugnando para que se aplique el estado de Derecho, que se aplique la ley y que se llegue al fondo, ya que el partido siempre ha estado denunciado estas anomalías.
“Yo creo que esta situación raya ya en el cinismo, por parte del instituto electoral y yo creo que las autoridades ya deben hacer lo concerniente, ya deben de actuar; por eso he instruido al representante del PRD, Renato Arias para que presente ya formalmente en esta semana denuncias en la Contraloría, si hay penales, civiles o administrativas, así como también juicio político en el Congreso del Estado”.
Añadió que el instituto electoral quiere tapar el sol con un dedo y no lo va a poder hacer, por lo que ahí se tendrá que fincar responsabilidades.

No siguieron los procedimientos legales
Por último, la empresaria del ramo inmobiliario, Florencia Estrada Lázaro señaló que en la compra del edificio del IEPCT no se siguieron los procedimientos adecuados para la adquisición del inmueble.
“No se siguieron los procedimientos y eso trae como consecuencia que haya este tipo de discusiones, es como el dicho, después del niño ahogado, hay mucha polémica, pero eso pasa porque no se siguen los procedimientos de compra-venta”.

NOTA IDENTADA

Caso Sport City

En cuanto al caso del Sport City, esta estructura se tiene que demoler porque es un mandato del Tribunal federal y que su similar, de lo Contencioso Administrativo del estado no ha acatado este resolutivo, así lo denunció Williams López Ascencio, representante legal de la parte afectada, María del Pilar Herrera Pizaña.
Cabe recordar que es este viernes, como límite, que tiene el Tribunal de lo Contencioso que pronunciarse para acatar este mandato de su similar federal, sin embargo, también ha causado mucha polémica, ya que hay voces que están de acuerdo en que se tire, mientras otras señalan que no es conveniente porque ahuyentarían las inversiones.
“Esta resolución ya la conoce el Tribunal de lo Contencioso, a partir del lunes pasado, tiene 10 días desde esa fecha, para que haga un nuevo pronunciamiento, acatando el resolutivo del Tribunal federal, que es derribar el edificio”.
López Ascencio señaló que en la resolución del tribunal federal reza que no existe ningún agravio, ni tampoco ningún argumento suficiente por parte del Ayuntamiento de Centro, para que no se considere la demolición del inmueble.
Y es que tras varios años de litigio el Tribunal federal ordenó la demolición del edificio denominado Sport City, al considerar que no existe agravio o argumento suficiente del ayuntamiento de Centro para que no se considere el derrumbe de dicho inmueble. Asimismo, recordó que el Ayuntamiento de Centro debe acatar la sentencia, no tiene por qué no hacerlo, aunque les ha valido el resolutivo del tribunal federal, pero en este caso el Colegiado ha sido bien claro, de que la demolición debe darse.
“No existe agravio o argumento suficiente del Ayuntamiento para que no se considere que debe demolerse el edificio, al contrario debe considerarse que en un primer momento los permisos de construcción y nulidad declarados así por parte de la autoridad, también la consecuencia es que se demuela el edificio, porque uno es consecuencia de otro y si existe la ilegalidad y la nulidad de los permisos de construcción, el edificio no debe permanecer de pie”.

Responsable quién otorgó el permiso: Estrada
Aunque no es un juez para decir quién tiene la culpa; la directora del Grupo Inmobiliario Remax Promotab, Florencia Estrada Lázaro, indicó que alguien fue quien otorgó el permiso, y a ese es a quien se le tendría que fincar responsabilidades no al empresario.
“El empresario arriesga su dinero, porque no sabía si le iba a ir bien o mal al poner un negocio o al construir, y no puede quitarlo sólo por algunos intereses y no sabiendo de quiénes y de qué tipo”.
Recordó que ella como empresaria del ramo inmobiliario, fue la que contactó al empresario que trajo la franquicia Sport City, sin embargo eso no quiere decir que el inversionista es quien tenga que pagar los platos rotos de quien haya omitido estas consecuencias.
Añadió que “nosotros fuimos el contacto para traer Sport City, pero obviamente por la ubicación y condiciones del mercado”.
“La responsabilidad sería de las autoridades que en su momento lo hicieron (otorgar el permiso), y ahorita no pueden quitar una inversión de ese tamaño, por lo que habría que buscar otra alternativa”.
Y agregó que: “podría haber sanción a quien haya dado esa autorización, creo que allí es donde pueden hacerse las cosas, en realidad no se puede quitar la inversión de un plumazo, nada más porque hay algunos intereses que están incidiendo y porque son particulares”.
Estrada Lázaro indicó que desde el momento del inicio de la construcción, las autoridades debieron haberla frenado, por lo que en el fondo, añadió que quienes colindan con el edificio deportivo no pudieron negociar en aquel tiempo con los inversionistas.

Concluida ruta legal
En su oportunidad, el legislador Juan José Peralta Fócil señaló que tiene entendido ya está concluida la ruta legal, ya el juez de Distrito en el estado ha ordenado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, emita una sentencia que comprenda la demolición.
“Tengo entendido que le dieron 10 días a partir del día de la notificación, hay que esperar la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se proceda conforme a Derecho, pero hasta donde tengo la información la ruta legal ya está totalmente concluida”.
Peralta Fócil desconoció el contenido de la sentencia, por lo que hay que analizar el por qué de las cosas, por lo que ha escuchado es un asunto de uso de suelos y este debe usarse para lo que fue destinado.