La liberación de ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, es una muestra de que el caso “va en un franco retroceso”, en el que “todas las instituciones del Estado mexicano han puesto de su parte para debilitar la investigación” y que ésta se encuentre totalmente estancada, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los jóvenes.
Al cumplirse hoy 112 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, los familiares de los normalistas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en donde expresaron su molestia y fijaron su posición sobre la libertad condicional que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Toluca, estado de México, otorgó a los militares.
Entrevistado durante la movilización, Rosales esgrimió las razones por las que consideran que cada una de las instituciones han desempeñado acciones para que las investigaciones se encuentren estancadas.