Atacar corrupción
Afirmó que sólo siendo responsables en el ejercicio de la función pública, se estará en condiciones de desterrar el perverso vicio; advirtió que en esta lucha debe actuarse conforme a la ley Luis Ruiz Sandoval Frade Rumbo Nuevo “Solamente siendo plenamente responsables en el ejercicio de la función pública, podremos desterrar el perverso vicio de […]
4 de julio de 2017

Afirmó que sólo siendo responsables en el ejercicio de la función pública, se estará en condiciones de desterrar el perverso vicio; advirtió que en esta lucha debe actuarse conforme a la ley

Luis Ruiz Sandoval Frade
Rumbo Nuevo
“Solamente siendo plenamente responsables en el ejercicio de la función pública, podremos desterrar el perverso vicio de la corrupción de nuestra vida pública, que es hoy un fantasma que recorre el mundo”, dejó en claro el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, al destacar que de tal manera “tenemos todos los que tenemos responsabilidades políticas y administrativas, que corresponder a la honrosa encomienda de la ciudadanía de conducir su destino con legalidad”.
Al inaugurar el Primer Congreso Nacional La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y particulares en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, dejó en claro que “cumpliendo las atribuciones de ley, estoy seguro que este Congreso que manejen recursos públicos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, abra de generar reflexiones y condiciones para atacar la corrupción”.
En compañía de la titular de la Contraloría, Lucina Tamayo y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado José Antonio de la Vega, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que sólo siendo plenamente responsables en el ejercicio de la función pública, se estará en condiciones de desterrar el perverso vicio de la corrupción, y advirtió que en esta lucha debe actuarse conforme a la ley, no a partir de subjetividades.
El mandatario aseveró que cualquiera que tenga encomendado algún cargo dentro de la vida pública, sea por elección o por designación administrativa, tiene la obligación de conducirse con estricto apego a las normas.
Subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción representa una de las reformas más trascedentes que el país ha tenido en la materia, y aseguró que, en correspondencia a ese esfuerzo, desde Tabasco se trabaja aceleradamente para estar a la altura del reto que implica este reclamo de la sociedad.
En el foro convocado por la Secretaría de Contraloría de Tabasco (Secotab), al que concurren representantes de entes de fiscalización y órganos de control interno de 18 entidades del país, además de los contralores de los 17 municipios del estado, Núñez Jiménez resaltó que la ciudadanización de este sistema representa un ingrediente fundamental para evitar complicidades entre servidores públicos.
Remarcó que el modelo en construcción también tiene el mérito de integrar a todas las partes involucradas con el acceso a la información, la transparencia, la justicia administrativa, la fiscalización, la persecución de los delitos y la procuración de justicia, así como la identificación de faltas administrativas y delitos.
Refirió que, como parte de este esfuerzo normativo, ya están revisadas las iniciativas de leyes Anticorrupción y de Fiscalización del Estado que serán propuestas al Congreso local, y en breve se procederá hacer lo propio con el proyecto de reforma a la ley para transformar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal de Justicia Administrativa.
Núñez Jiménez explicó que este último Tribunal tendrá a su cargo dirimir las faltas administrativas graves y sancionarlas, en tanto que los órganos de control interno y la Secretaría de la Contraloría serán responsables de aplicar las sanciones y los procedimientos relativos a faltas no graves, estableciendo para ello criterios claros.
Añadió que el paquete legislativo también incluye reformas al Código Penal, para reconfigurar los delitos en la materia, y por lo menos cinco reformas a las leyes orgánicas del Congreso local, del Poder Judicial, de la Administración Pública Estatal, de los municipios y de la Fiscalía General del Estado, esta última vinculada con la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

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