Aclara la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) Neyda Beatriz García Martínez que en torno al caso del reclamo de la asociación civil “Pobladores AC”, no se le debe un solo peso, aunado a que “ellos incumplieron con la entrega de las viviendas, “ya que solo fueron entregadas 134 casas de 374 que firmaron en el convenio, además que se realizaron en sitio que no correspondían”.

Luis Ruiz Sandoval Frade
Rumbo Nuevo
En entrevista con los medios, la funcionaria estatal remarcó que “violentaron las reglas de operación, no cumplieron, por ello no se les adeuda un solo peso”.
“Respecto a ese proceso, que culminó el día 20 de junio, cuando se le niega a ellos Pobladores AC solicitando una ampliación de recursos”.
Dijo que “tenemos el soporte documental donde a la Asociación Civil Pobladores, no se les debe ningún dinero, y que en uno de los puntos queda claro, que también se tomó la decisión de construir las viviendas para las 157 personas que quedaron casi prácticamente en la calle, puesto que las reglas de operación, señalan que se tienen que tirar las viviendas donde estaban los beneficiados, para poder construir en el mismo terreno y de esta manera apoyar a estas familias”.
Confirmó que “existe un proceso legal, a través de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social. Y este va en contra la Asociación Civil Pobladores y quien resulte responsable. La parte jurídica, la lleva la Coordinación Jurídica”.
“Nosotros estamos muy tranquilos. Cuando su servidora tomó posesión el 1ro de Julio, ya se habían dado estos hechos. Sin embargo, me toca la responsabilidad de responderles a las familias que quedaron desprotegidas y que han asistido y hablaron con el gobernador en los municipios de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata”.
“Dada esa petición, fue que el gobernador ordenó que en el mes de diciembre, se hiciera una ampliación, para poderle reponer la vivienda a estas personas. Es la parte que a mí me toca. Ya la parte legal le tocará a la Coordinación Jurídica. Pero la instrucción del gobernador, es llegar hasta las últimas consecuencias”.
Destacó que “en su momento tuvimos pláticas con ellos. La ley es muy clara. Los ejercicios fiscales se cierran. Esto fue en el 2015. La última fecha fue el 4 de diciembre para la entrega de viviendas. Ya en 2016 no se permite legalmente darles un dinero para terminar acciones de 2015”.
“Se buscó de qué manera, a través de otra ejecutora, para poderle responder a las personas que resultaron afectadas. De la otra parte, hemos sostenido diálogo siempre que nos lo han propuesto, pero el diálogo no significa solución, significa que los escuchamos y respondemos de manera legal”.