Abiud Pérez Olán
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El anuncio del titular de la Secretaría de la Función Pública en Tabasco, Jaime Antonio Farías Mora, sobre la conclusión de las auditorías a la Secretaría de Salud, SEMOVI, ISSET, COBATAB, e Instituto Estatal de la Mujer, es el primer paso para concluir la investigación en los actos de corrupción que pudieron haber cometido estas instituciones de gobierno, aunque en el caso de esta última, su directora Leticia del Carmen Romero Rodríguez, no sólo se le investiga por presuntos malos manejos, sino también por la ineficiencia con la que actuó.

No sólo en estas dependencias hay visos de corrupción e ineficiencia, como dice el funcionario Jaime Antonio Farías, el gobierno de Arturo Núñez, fue una administración que colapsó antes de tiempo y dejó grandes problemas económicos a la nueva administración que encabeza Adán Augusto López Hernández, para muestra, los bloqueos y la falta de pago a trabajadores burócratas y ya no digamos a muchos proveedores que hasta el día de hoy, ha sido difícil cumplirles con su pago, por la falta de recursos económicos, así que la investigación no debe durar mucho tiempo, porque es una necesidad apremiante dar el resulto de una vez por todas y que sean llamados a cuenta todos aquellos que cometieron ilícitos en contra del pueblo y abusaron de la encomienda que se les dio como administradores de los recursos del pueblo.

Arturo Núñez Jiménez es señalado junto a su esposa Marta Lilia López Aguilera, de haber cometido una serie de atrocidades al erario público, además de los grandes problemas que durante sus seis años de administración se gestaron, pero que hasta el momento no hemos visto resultados de las investigaciones que se deben hacer en cada una de las dependencias, porque el problema se dio en casi todas, aunque seguramente la sociedad tabasqueña no quedaría satisfecha con el anuncio que hizo el titular de la Función Pública, de investigar tan sólo a cinco dependencias, porque aun están latentes tantos problemas de corrupción que se señalaron.

La Función Pública de Tabasco debe ir con mayor profundidad y dar los resultados de algunas operaciones que aún no han quedado aclaradas, como el empréstito que se realizó para seguridad pública y al final de cuentas se desviaron 200 millones de pesos para el ayuntamiento de Centro, que nunca tuvieron la justificación y que según las autoridades, eran para mejorar el sistema de seguridad con lámparas y cámaras de videograbaciones para vigilar las calles de la ciudad, muchos rumores hubo en torno a esta desviación de recursos, pero hasta la fecha, no se sabe nada, lo mismo ocurrió con la compra del famoso drón, que no se sabe en qué concluyó la investigación, al igual que la compra del helicóptero, en donde una empresa fantasma recibió una suma millonaria y luego el gobierno se dio por defraudado.

Muchos y muchos señalamientos ha habido en torno a una administración que le quedó a deber a Tabasco y que causó un gran quebranto a las arcas públicas, por lo que ahora que tenemos tantos problemas con la seguridad pública, vale la pena recordar las supuestas 900 cámaras de vigilancia que durante el gobierno de Arturo Núñez se debieron comprar y poner en operación, cosa que hasta el momento no se ha investigado, ni se nos ha dado razón, todo esto lo recordamos, porque la Función Pública ha salido a decir que sólo cinco dependencias, como hemos señalado, son las que están a punto de concluir su investigación y que se darán los resultados, para que los tabasqueños queden satisfechos, se debe dar una explicación seria y convincente y no seguir un juego de anuncios y discursos que sólo enardece a la sociedad.

Jaime Antonio Farías Mora comentó que están en proceso de iniciar con las investigaciones también, al Seguro Popular, al DIF, a la Policía Estatal de Caminos y a la Universidad Popular de la Chontalpa, el tiempo pasa y sigue corriendo y parece ser, que hay tortuguismo en la investigación, porque hasta el momento, la Fiscalía no ha recibido de parte de la Secretaría de la Función Pública, ninguna denuncia para realizar las averiguaciones correspondientes e interponer la demanda ante los jueces, para que se deslinden responsabilidades; los problemas de malos manejos e ineficiencias durante el gobierno de Arturo Núñez, fueron muchos y por lo tanto, se necesitan responsables.

Más de un año se han llevado las investigaciones en la Secretaría de la Función Pública y parece ser que el burocratismo, a lo que llaman el derecho administrativo disciplinario, retiene en algunas partes la investigación y las denuncias no se presentan por falta de conocimiento, al menos, durante los próximo cuatro meses, se espera que las denuncias señaladas tomen el rumbo de una investigación de tipo penal, lo más lamentable es que por el momento señala la Función Pública que no se ha llamado a declarar a ninguno de los funcionarios de la pasada administración.

Grillos y grillas
Precisamente el abuso de la esposa del gobernador Arturo Núñez Jiménez, a quien no sólo se le benefició con una reforma a la ley de asistencia social, para que su participación en el DIF fuera de carácter de funcionaria y no de voluntariado de asistencia social, esto le permitía a la entonces poderosa primera dama, manejar recursos, al igual que otros funcionarios del gobierno de su esposo, desde ese momento la ex primera dama quedó señalada y lista para ser llamada a cuentas ante las irregularidades que se manifiestan en el área del DIF que dejó de ser un voluntariado y pasó prácticamente a ser un negocio de Martha Lilia López de Núñez, de eso hubo muchas denuncias, pero parece que la Función Pública no sabe nada… Nos leemos el lunes.