La amnistía es, ante todo, una apelación
pública para que la razón domine nuestra
política y las discrepancias se encaucen
por el único medio de realizarlas: la discusión,
la persuasión, la pugna civilizada. Gastón García
Cantú / Idea de México Tomo VI

Erwin Macario
erwinmacario@hotmail.com
El grado de corrupción que se ha puesto al descubierto por la ambición desmedida del hasta hoy dirigente del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Sicobatab), José Ramón Díaz Uribe, ponen de nuevo en la escena pública una frase del gobernador Arturo Núñez, que debe aplicarse con todo rigor: ni amnesia, ni amnistía.

La soberbia e insolencia de Díaz Uribe llegó ayer, públicamente, al extremo. Y al extremo debe ser sancionado. Aprovechando una entrevista que en Telerreportaje concedía el actual director del Colegio de Bachilleres (Cobatab), Mier y Terán, el dirigente de una parte de los trabajadores de esa institución educativa ofendió no solamente a ese funcionario, con declaraciones plagadas de insultos sino que agredió al propio gobernador Arturo Núñez denunciando que como candidato recibió apoyo del doctor Mier.

Ninguna importancia tendría ese señalamiento sino se tratara solamente de hacerse pasar sino como víctima sí como enemigo del mandatario, buscando negociar, como lo ha hecho en el pasado, no los intereses de los trabajadores sino el lucro y el enriquecimiento ilícito que ha obtenido con esa dirigencia, en la que en diez años ha acumulado bienes que ninguno de los miembros del sindicato podrán tener ni en tercera generación con su trabajo honrado.

Para gente como ésta no puede haber amnesia en un gobierno que ha proclamado la honradez como uno de sus postulados. Mucho menos pueden los saqueadores de Tabasco, ni José Ramón Díaz Uribe, ni otros que han dispuesto de la hacienda pública en su favor, de ninguna amnistía, pues ésta es un derecho que se practica únicamente en casos de enfrentamientos políticos o ideológicos.

Lo dice bien Gastón García Cantú en su ensayo “Discurso sobre la amnistía”, contenido en la obra citada en el epígrafe de este día: “La ley de amnistía concilia, sí, y también repara. No sólo se establece una vía de entendimiento para los disidentes sino además se indica, de manera indirecta, que la acción de las diversas policías es contraria al régimen de derecho y opuesta a la reforma política”.

En éste y otros casos que la ley y la policía deben perseguir, no se trata del enriquecimiento que en pocos años han logrado seres que como los que han sido ya demandados ante el Ministerio Público sino de una acción de agravio contra la sociedad que, de no contenerse con medidas rigorosas aumentarán la falta de credibilidad que el propio Gobierno y muchas instituciones, entre ellas la prensa, tienen en el pueblo tabasqueño.

No puede el Gobierno, bajo ninguna negociación —que estaría por encima de la ley y como una burla más a Tabasco— hacerse amnésico ante las pruebas que han surgido, en este caso, contra José Ramón Díaz Uribe, que de limpiador de tipos y no se que otros trabajos menores en el periódico Presente —buena escuela— saltó al gran negocio de su vida; que de habitar una humilde casa alquilada, pasó a vivir entre ex funcionarios de gobierno, ricos empresarios y hasta un ex gobernador en lo que es todavía una de las áreas más importantes para vivir: el Fraccionamiento Residencial Campestre Tabasco 2000, en una propiedad que tiene a nombre de su suegra, Úrsula Medina Flores, inmueble que se dice está valuado en un millón de dólares, pesos pero que se manifestó fue comprado en un millón de pesos mexicanos a Guadalupe Méndez de Ortega.

Este nidito principal del amor de su vida, a la que mantiene con sueldo en el Cobatab y en el sindicato, donde manda y ordena como él, es sólo una de las propiedades que el líder del Sicobatab ha logrado con la corrupción de los últimos gobiernos y del Cobatab así como con el dinero de los trabajadores de ese sistema educativo, a los que usa como carne de cañón en marchas y protestas donde siempre ha negociado en la sombrita con las autoridades.

Ahora no pudo hacerlo. Por eso usó los micrófonos de los hermanos Sibilla Zurita para hacerse pasar como víctima y enemigo del gobierno de Arturo Núñez en una supuesta defensa de los derechos se los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Las múltiples propiedades, documentadas ya ante quienes deben ejercer acción penal contra él, lo hacen un terrateniente rural y urbano. Las ha puesto a nombre de sus hijas Karen Paola, Jéssica Daniela, de su esposa Verónica Hernández Medina, , a Oscar Antonio Díaz Uribe y algunos a su nombre. En varios inmuebles se reserva el usufructo.

Al evaluar las autoridades el costo real de todas esas propiedades se tendrá una medida de la corrupción que benefició a este líder, uno de los que debe ir a la cárcel sin ningún miramiento.

Esta vez no le funcionó el paro de los casi 50 planteles con más de 50 mil estudiantes como le dejaban hacer en el gobierno pasado cuando se le daba prestamos hasta por 10 millones de pesos y para gastos navideños y otras prestaciones se le entregaban, como sucedió a fin de año pasado hasta casi 16 millones de pesos.
Ni amnistía, ni amnesia.