El grupo terrorista ha sido responsable de varios atentados de ese país y se ha extendido a países vecinos.
El grupo yihadista somalí Al Shabab mueve millones de dólares en cuentas bancarias de instituciones financieras en Somalia obtenidos mediante un sistema de impuestos basado en la extorsión, según un informe de las Naciones Unidas.
El dossier, elaborado por el Panel de Expertos del Comité de Sanciones a Somalia del Consejo de Seguridad de la ONU, indica que el sistema impositivo de los yihadistas en sus feudos del sur y centro del país del Cuerno de África está apuntalado por “la intimidación y la violencia en caso de incumplimiento”.
“El uso de Al Shabab de los sistemas bancarios formales permite la transferencia y distribución inmediata de grandes cantidades, incluso en áreas que ya no controla directamente, eliminando el riesgo de transportar físicamente (dinero en) efectivo a través de territorios hostiles”, señala el informe, divulgado a última hora de este jueves.
El documento, que analiza el entramado financiero del grupo terrorista del 16 de diciembre de 2019 al pasado 17 de agosto, apunta que Al Shabab recaudó al menos 13 millones de dólares en ese periodo.
Ese cálculo se basa en el estudio de medidas de extorsión en la región de Baja Juba y la ciudad costera de Kismayo, en el sur de Somalia, así como de dos cuentas bancarias asociadas al gravamen impuesto a importaciones en el puerto de Mogadiscio y la “zakat” (la limosna obligatoria, uno de los cinco pilares del Islam).
“En sólo diez semanas, la cuenta de la ‘zakat’ controlada por Al Shabab mostró depósitos de 1.7 millones de dólares, y el saldo completo se transfiere durante ese período”, afirman los expertos.
El panel concluye que el grupo yihadista sigue teniendo “una sólida posición financiera y está generando un superávit presupuestario significativo, parte del cual se invierte en la compra de propiedades y negocios en Mogadiscio“.
En 2019, según los expertos de la ONU, Al Shabab tuvo un gasto operativo de unos 21 millones de dólares, de los que 16,5 millones se destinó a sus unidades de combate y de apoyo logístico, toda vez que el 40 por ciento de esos fondos se usaron para comprar armas.
Otros 4,9 millones de dólares se emplearon en el servicio de espionaje de la milicia, el Amniyat.
El informe suscita dudas sobre la capacidad del Gobierno somalí de aplicar una ley de 2016 promulgada para atajar la financiación de grupos terroristas.
Mogadiscio -pese a permanecer bajo control del Gobierno, respaldado por la comunidad internacional- sufre a menudo atentados de Al Shabab, organización afiliada a Al Qaeda desde 2012 y que controla áreas rurales del centro y sur de Somalia.
Los yihadistas, que también han cometido ataques en la vecina Kenia y en Uganda, quieren expulsar a todas las tropas extranjeras desplegadas en territorio somalí e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).
Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.