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Actualiza Secotab a Servidores Públicos
La dependencia confirmó que de los 5 mil 308 servidores públicos obligados, declararon 5 mil 259, es decir un 99 por ciento. Redacción Rumbo Nuevo La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado (Secotab), Lucina Tamayo Barrios, informó que ya se inició el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de los 49 servidores públicos […]
26 de junio de 2016

La dependencia confirmó que de los 5 mil 308 servidores públicos obligados, declararon 5 mil 259, es decir un 99 por ciento.

Redacción
Rumbo Nuevo
La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado (Secotab), Lucina Tamayo Barrios, informó que ya se inició el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de los 49 servidores públicos que incumplieron con su declaración patrimonial de modificación.
La dependencia confirmó que de los 5 mil 308 servidores públicos obligados, declararon 5 mil 259, es decir un 99 por ciento.
Luego de que el pasado 31 de mayo se venciera la fecha límite para que en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado los trabajadores del Gobierno del Estado realizaran su declaración patrimonial de modificación, la contralora aseveró que se trabaja de manera contundente, por lo que en breve quienes no cumplieron serán notificados y tendrán que acudir a realizar su declaración.
Dicho procedimiento inició con el levantamiento de una constancia, donde se especifica la omisión de la declaración de situación patrimonial, posteriormente, se realizó la radicación del expediente, donde se asignó un número de expediente de acuerdo al libro de gobierno.
Se procedió a la investigación, con la que se solicitaron informes a la dependencia donde se encuentra adscrito el servidor público incumplido, por lo que una vez que se obtenga el informe se le citará para otorgarle su derecho de audiencia y se finalizará con el cierre de instrucción para el estudio y análisis de las constancias que se encuentran en el expediente.
De éste se deriva la resolución para imponer la sanción correspondiente, que podría ser la pena mínima con una amonestación ya sea pública o privada, o apercibimiento público o privado, hasta la sanción máxima que es la destitución del puesto.

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