Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com
Luego del ultimátum que les diera el Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, a todos los policías que mantenían el paro laboral, atrincherados en las instalaciones de Seguridad Pública,  de que regresaran a trabajar o serían cesados y liquidados en términos de ley,  por fin ayer, después de 15 días de conflicto, las partes involucradas se sentaron a negociar durante varias horas (aproximadamente cinco horas)  en la secretaría de Gobierno, cuyo titular  César Raúl Ojeda, anunciaría tiempo después  que  habían llegado a un buen arreglo y que los uniformados regresan hoy lunes a laborar.
Independientemente de que los policíalograron ayer, un incremento salarial,  que desde el mismo momento del paro, las autoridades estatales propusieron analizarla para que en la medida de su propio presupuesto hacer las propuestas para buscar un arreglo, en el fondo, se evidenció que los policías, si no el grueso de ellos (la tropa), pero si las cabezas, se prestaron a que esto fuera un conflicto político que buscaba o pretendía alcanzar otras magnitudes por la radicalización de sus planteamientos, pero el oficio político del Ejecutivo que se mantuvo a la altura de las circunstancias, no permitió que estallará la violencia en las calles, no permitió que se desalojara el área de seguridad Pública donde estaban atrincherados los policías, para que fuera el inicio de la violencia a gran escala, que posteriormente pasaría a la exigencia de que el gobernador se fuera. Los promotores de esto, no han conocido ni terminaran de conocer al gobernador Núñez, cuyas tablas políticas le permitieron tomar con calma este conflicto y buscar las aristas para darle una salida pacífica, no violenta como otros alentaban.
Desde que inició la paralización policiaca, hay quienes apostaron para que este problema creciera a grandes dimensiones, los agoreros del desastre felices dejaban correr las versiones de que el amotinamiento policiaco ya estaba fuera de control y que el Gobierno del Estado, terminaría doblando las manos para que se fuera el general Audomaro Martínez Zapata como primera exigencia para iniciar la negociación, pero la decisión firme de no ceder a las presiones y chantajes, invocando el principio de autoridad porque  la decisión de remover a un alto funcionario solo le corresponde al propio gobernador, y si  accedía a entregar a los policías la cabeza del general, después vendrían otras movilizaciones para exigir la renuncia de otros secretarios del gabinete, si bien alargó este conflicto, finalmente se llegó al punto que se tenía que llegar que era el incremento salarial,  jamás negado por la autoridad estatal, que consciente del bajo nivel salarial en que otras sexenios (priistas) dejaron a los cuerpos policiacos, se tenía que llegar a un arreglo salarial, como finalmente se concretizó.
Los agoreros del desastre, esos que ya veían a Tabasco arder en llamas, esos que esperaban que los policías fueron desalojados violentamente de las instalaciones policiacas, esos que ya veían el caos y el desorden total en la capital del estado, esos que ya veían a los policías tomar por asalto el Palacio de Gobierno y la Quinta Grijalva para forzar la salida del gobernador y nombrar a  un interino, porque hacia allá iba el conflicto se quedaron con un palmo de narices porque nada de eso ocurrió, porque desde las altas esferas del gobierno estatal y con una amplia colaboración del gobierno federal que mandó a La Marina, El Ejército y la Policía Federal Preventiva, que se dedicaron a la vigilancia, se logró mantener la calma y tranquilidad todo en paz, porque si bien los policías se manifestaban, lo hacía en el radio de las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de ahí ni salieron.
Durante todos estos días de paro, las cámaras empresariales, partidos políticos, organizaciones sociales y liderazgos de diversas organizaciones se comenzaron a pronunciar en contra de la paralización policiaca que a pesar de recibir la oferta de revisar la cuestión salarial, primero habían puesto como condición la renuncia del general, posteriormente se exigió la salida de cerca de 70 mandos medios de la secretaría de Seguridad Pública, lo que comenzó a levantar conjeturas, que más que un asunto laboral, esto tenía un trasfondo político,  en las que estaban metidas varias manos, e incluso las deslealtades y traiciones de funcionarios de la actual administración pública que desde sus posiciones apoyaron el paro policiaco, cabezas que tendrán que rodar una vez que se inicie la depuración interior que tiene que realizarse, porque si algo se puso en evidencia fue la debilidad del encargado de la política interna que no está a la altura de las circunstancias, ni  tiene un equipo de alto nivel que pueda afrentar estas crisis severas, o puedan operar en momentos delicados para desactivar conflictos.
Fue el mismo gobernador  Núñez al salir a fijar el posicionamiento de su gobierno, que muchos consideraron como mensaje duro, pero necesario, quien puso la mano  sobre la ley y comenzó la desactivación del conflicto, al llamarlos a trabajar o que serían despedidos y liquidados, lo que finalmente, también originó que las principales cabezas de la corporación policiaca tomaran la decisión de sentarse a negociar ya no en un lugar alterno, que era otras de sus condiciones para acudir al encuentro con el secretario de Gobierno, sino que ahora fue en las propias instalaciones de la secretaría de Gobierno (casita azul) donde se realizó el encuentro a puerta cerrada entre el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta; el general Audomaro Martínez Zapata, secretario de Seguridad Pública; el secretario de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra; la secretaria de la Contraloría, Lucina Tamayo Barrios, y la subsecretaria de Recursos Humanos y y Desarrollo Personal de la Secretaría de Administración, mientras que por los policías paristas acudieron, Isabelino León Miranda, José Lourdes Osorio García, María Teresa JaberPancardo, María Cruz Pérez Ramirez, Miguel Angel Hernández de la Cruz, Pedro Morales Arias, Alejandro de la Cruz Hernández, Jose Isidro Sánchez Gallegos, entre otros policías.
De entrada se integrará una comisión conformada por representantes de la Secretaría de la Contraloría, la secretaría de Administración y la dirección general de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Gobierno, así como se invitará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para revisar y atender las quejas que presentaron los policías respecto a los mandos superiores, por lo que el gobierno estatal se compromete a actuar de manera legal en base a los resultados de esa comisión.
En resumen, se acuerda a mejorar las prestaciones económicas de los policías (vales de despensa, vales de comida, dotación complementaria) mientras que estos se comprometen a respetar el mando del general Audomaro zapata, por lo que tampoco habrá represalias.
Durante su posicionamiento del pasado sábado ante los medios de comunicación en Palacio de Gobierno, el gobernador pidió a estos servidores públicos (policías)  a que se reincorporen de inmediato a trabajar “porque de ninguna forma vamos a permitir que se siga vulnerando la seguridad de los tabasqueños. “Todo tiene un límite en el marco de la ley”.
Ahí mismo el mandatario había dejado en claro que una vez que los policías se reintegren a sus labores, su gobierno seguirá abierto al diálogo para llegar al objetivo que comparte con los policías comprometidos: mejorar sus condiciones laborales y de seguridad social, y consolidar un nuevo modelo de operación policial, pero también advirtió que a aquellos policías que insistan en el paro, se les desahogarán los procedimientos administrativos y laborales correspondientes para concluir con la relación de trabajo por faltar de manera injustificada a desempeñar sus actividades. “Independientemente que, en el caso de que existan imputaciones penales, éstas seguirán su camino. Todo se hará conforme a la ley”.
Teniendo el pulso de lo que estaba pasando el gobernador precisó que:  legalidad y legitimidad son dos elementos indispensables en un gobierno democrático. “A quienes apuestan por la inestabilidad política y social, les reitero que es con base a estos dos principios que el gobierno que encabezo siempre ha actuado: con apego a la norma y de la mano de la ciudadanía”, apuntó y que su gestión seguirá con el proceso de reforma policial, que se enmarca dentro de los esfuerzos que se realizan en todo el país en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para contar con una policía acreditable, consistente en una policía profesional, más confiable, mejor equipada, con un alto sentido ético, con vocación de servicio, sujeta a controles de confianza y con horarios homologados de 24 por 24.
El jefe del Ejecutivo aprovecho el momento para hacer un reconocimiento a la sociedad tabasqueña que durante estos días del paro ilegal de los policías ha demostrado una gran civilidad, solidaridad y amor a Tabasco. “Los cambios nunca son fáciles, pero lo estamos logrando con la ayuda de todos. Tabasco cambia contigo”, manifestó.
Después de la paralización magisterial del año pasado que dejó sin clases durante una semana a más de trescientos mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria,  donde también los maestros exigían la renuncia de Rodolfo Lara Lagunas, que finalmente el gobierno estatal no se lo  concedió al magisterio, éste conflicto policiaco es el segundo más grande que ha enfrentado la administración Núñista, y que ha logrado sacar avante, aun en contra de quienes quisieron ver a Tabasco en llamas; seguramente no será el segundo y el último problema grande que enfrente esta administración, porque independientemente que hay funcionarios que no están dando el ancho, y en el caso del general la percepción pública, es de que nomás no puede y que terminará por renunciar solito, también hay manos perversas que seguirán sembrando todo tipo de obstáculos a este gobierno, que viendo el desarrollo de estos acontecimiento también debe de prepararse con mejores funcionarios que si conozcan de la cosa pública, que sepan actuar en momento de crisis, pero sobre todo que se sepan prevenir  posibles problemas, contando con los mecanismos para desactivarlos antes de que estallen. Recuerden que problema que se soslaya, termina por estallar y lo que pasó en Seguridad Pública debe de ser el parámetro para desactivar posibles conflictos que se presenten en otras dependencias de gobierno, donde también no se han erradicado esos reductos de administraciones priistas, sobre todo la granierista, que es indudable que se va convirtiendo en caldo de cultivo para otros hechos que no permitan al gobierno granierista avanzar en el desarrollo del estado.
Sobre quien ganó y quien perdió?, depende desde que arista se haya mirado, porque con buena voluntad, desde la primera semana los policías hubieran logrado un acuerdo, pero no querían la cabeza del general y los mandos y no se las cedieron aunque finalmente lograron el incremento salarial,  pero lo real, es que el gobierno estatal acaba de sortear este conflicto, donde el posicionamiento del gobernador fue vital para la solución que ayer se dio.